Parlamento neerlandés denuncia sistema que deja a empleados migrantes sin trabajo y casa
Imane Rachidi
La Haya, 27 nov (EFE).- El Parlamento neerlandés debatió este jueves la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, lo que afecta a cientos de españoles, y el polémico sistema que permite descontar hasta un 25 % de su salario mínimo para cobrarles la vivienda, en un debate que mezcló acusaciones de “esclavitud moderna” y alertas sobre los abusos a estos empleados.
Varios grupos políticos coincidieron en el diagnóstico básico: los trabajadores migrantes son indispensables para la economía neerlandesa, pero el modelo actual, en especial el que vincula contrato de trabajo y vivienda, los hace demasiado dependientes del empleador y genera un riesgo real de acabar durmiendo en la calle tras perder un contrato.
Esenciales, pero atrapados en la dependencia
La liberal Claire Martens-America (VVD) recordó que los migrantes son “esenciales” para el mercado laboral de Países Bajos, que crece más rápido que la capacidad para formar a su propia mano de obra.
“Hay empleos que no son ocupados por suficientes neerlandeses (…) empleos que ocupan personas que vienen a nuestro país para ganar dinero porque las circunstancias aquí quizá son más favorables que en el país del que proceden. Los motivos son diversos, pero la conclusión es: los necesitamos”, afirmó.
La diputada Mariëtte Patijn, del grupo ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, puso el foco en las consecuencias inmediatas: cada día hay migrantes que “pierden trabajo y cama a la vez”, lo que repercute también en barrios que ven aumentar la llegada de personas sin hogar, “gente que tuvo el valor de venir a Países Bajos para trabajar y es arrojada a la calle sin contemplaciones”.
Unión Cristiana habló de “esclavitud moderna”: colchones alquilados en habitaciones saturadas y un sistema que puede llevar a campamentos improvisados en bosques y al borde de autopistas.
El socialista Jimmy Dijk enlazó el panorama actual con la historia de explotación de los “trabajadores invitados” de los años sesenta y setenta -turcos, marroquíes, españoles, italianos, enumeró- a quienes se confinó en garajes y dormitorios colectivos sin exigirles aprender neerlandés “para mantenerlos dependientes del patrón”.
Dijk denunció que esa lógica no ha desaparecido: “Siguen siendo explotados y arrojados a la calle”. La obligación de pagar una cuarta parte del salario por alojamiento “no es libertad”, sino un retorno “a la Edad Media, a una época de peones agrícolas con obligación de comprar en la tienda del patrón”, subrayó.
La ultraderecha Foro para la Democracia (FvD) defendió mantener la vinculación trabajo-vivienda y sostuvo que, si un migrante pierde su empleo, “pierde su razón para permanecer” en el país.
El progresista D66, ganador de las elecciones de octubre que encabeza las negociaciones para formar gobierno, criticó con dureza al Ejecutivo en funciones por revertir una medida ya pactada en febrero para separar trabajo y vivienda y sostuvo que sectores enteros “se sostienen sobre mano de obra extranjera mal pagada”.
La ministra defiende la norma
La ministra en funciones de Asuntos Sociales, Mariëlle Paul, justificó su decisión de frenar la eliminación de la retención salarial y aseguró que, con la escasez de vivienda, suprimirla dejaría a muchos recién llegados sin opción de alojamiento.
Defendió que el sistema vigente exige certificación de la vivienda y permite supervisión de la Inspección de Trabajo, garantías que, dijo, desaparecerían sin esta norma.
Paul afirmó que el objetivo sigue siendo reducir la dependencia del trabajador respecto al empleador, pero advirtió que hacerlo “de golpe” solo generaría “más precariedad y más gente en la calle” y añadió que mantener la retención es “lo que mejor protege al trabajador migrante”.
También descartó introducir permisos de trabajo para ciudadanos de la Unión Europea como herramienta para limitar la llegada de migrantes laborales y defendió centrarse en combatir abusos y reforzar la autoridad laboral europea.
En testimonios recientes recogidos por EFE, jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para empleos de baja cualificación describen un sistema que combina falsas promesas, deducciones salariales, alojamiento precario y miedo constante a perder trabajo y vivienda a la vez.
Sindicatos y abogados hablan ya de un patrón de “explotación encubierta”.
El presidente del sindicato FNV, Dick Koerselman, denunció en declaraciones a EFE un “caos completo” en el sector y alertó de un modelo que no es accidental: “Se ha creado una industria alrededor del trabajo, la vivienda y el transporte, y los empleadores ganan dinero con las tres cosas”.
Mientras, el número de trabajadores migrantes sin techo sigue en aumento: unas 10.000 personas, el 60 % del total de personas sin hogar, son migrantes laborales, según el Ejército de Salvación.
Entre los inscritos en Países Bajos figuran unos 28.570 españoles, el segundo grupo más numeroso después de los polacos, que ascienden a casi 216.000. No está claro el porcentaje exacto de estos migrantes europeos en situación vulnerable en empleos de baja cualificación. EFE
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