Parlamento portugués votará mañana cambios migratorios que limitan reagrupación familiar

Lisboa, 15 jul (EFE).- El Parlamento de Portugal celebrará mañana, miércoles, la votación definitiva sobre la reforma de la Ley de Extranjeros, que restringe la reagrupación familiar de los migrantes, y la creación de una unidad de fronteras en la Policía de Seguridad Pública (PSP), impulsadas por el Gobierno de centroderecha y con visos de prosperar con el apoyo del partido ultra Chega.

De ser aprobadas, esas iniciativas pasarán al despacho del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que tendría un plazo de 20 días para estudiarlas y decidir si las sanciona como ley o las veta.

En su propuesta para alterar la Ley de Extranjeros, el Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro recuerda que a finales de 2024 había por lo menos 1.546.521 extranjeros en Portugal, el cuádruple que en 2017, año en que el entonces Gobierno del socialista António Costa introdujo la llamada ‘manifestación de interés’.

Ese sistema permitía solicitar la residencia y legalizar la situación de los extranjeros que tuviesen al menos un año de cotizaciones a la Seguridad Social, pero fue eliminado el año pasado por el equipo de Montenegro, que ahora ve «imperioso» ir más allá y reformar los mecanismos legales de inmigración.

A grandes rasgos, la reforma actual busca restringir el visado de trabajo únicamente a personas que se dediquen a «actividades altamente cualificadas» y modifica los requisitos de residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.

Sobre la reagrupación familiar, los inmigrantes que estén dentro del país solo podrán solicitarla después de dos años de residencia legal, cuando antes no era necesario ese tiempo. En caso de que los parientes con los que se quieren reagrupar estén ya dentro de Portugal, solo se abrirá está posibilidad si esos familiares son menores de edad y han entrado legalmente (por ejemplo con un visado de turista).

Además, se endurecen las condiciones: La ley que se quiere modificar indica que el demandante de la reagrupación debe tener alojamiento y medios de subsistencia sin más, mientras que la propuesta del Ejecutivo dice que el alojamiento debe cumplir con «normas generales de seguridad y salubridad».

En el caso de los medios de subsistencia, deben corresponderse con «recursos estables y regulares que sean suficientes para la propia subsistencia y la de los familiares sin recurrir al sistema de asistencia social», reza el texto.

Y se incluye una nueva condición, el aprendizaje de la lengua portuguesa y de los principios y valores constitucionales.

Los plazos para obtener la reagrupación se van a alargar, ya que con la norma vigente hay un máximo de tres meses para dar respuesta al pedido y con el cambio van a ser nueve meses, que se pueden prorrogar.

Respecto a los ciudadanos procedentes de países de lengua portuguesa, el Gobierno quiere que sean titulares de un visado de residencia para tener acceso a la residencia temporal, cuando hasta ahora ha bastado con un visado de corta duración o tener una entrada legal en Portugal.

La otra propuesta del Ejecutivo sobre la que se va a pronunciar mañana la cámara es la creación de una unidad nacional de extranjeros y fronteras dentro de la PSP, ya que actualmente la labor de vigilancia de los puertos de entrada del país está dispersa en varios cuerpos.

Ambas iniciativas tienen perspectivas de ser aprobadas, después de que el viernes pasado recibieran el visto bueno de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, gracias al apoyo de los socios de Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, el ultraderechista Chega e Iniciativa Liberal.

El pasado 4 de julio, esos dos proyectos, junto con la reforma de la Ley de Nacionalidad, que busca acabar con la ciudadanía por nacimiento en el caso de los hijos de migrantes, llegaron al pleno para bajar más tarde a esa comisión legislativa.

El Gobierno optó por una tramitación rápida en el caso de la reforma de la Ley de Extranjeros y la creación de una policía de fronteras, pero ha preferido seguir el proceso habitual en el cambio a la Ley de Nacionalidad, cuya votación en el pleno no se espera hasta septiembre.

Más allá de la votación de esas dos propuestas mañana, el pleno también se pronunciará sobre una iniciativa de Chega que pretende, entre otros, establecer cuotas anuales de migrantes para conceder visados de residencia. EFE

ssa/lmg/rod