Parlamento portugués aprueba con votos de ultraderecha nueva versión de reforma migratoria

Lisboa, 30 sep (EFE).- El Parlamento portugués aprobó este martes una nueva versión de la reforma de la Ley de Extranjeros, que incluye propuestas de los partidos que integran el Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y del grupo ultraderechista Chega, que buscan restringir entre otros la reagrupación familiar de los inmigrantes.

El texto, con los nuevos ajustes, tiene que volver ahora a la mesa del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, que debe decidir si lo sanciona como ley o no, después de que optara por enviar la versión original al Tribunal Constitucional por las dudas que le suscitaron y que la corte finalmente rechazó.

La unicameral Asamblea de la República (Parlamento) votó este martes por separado cada una de las propuestas de los diferentes partidos, tanto de izquierda como de derecha, para modificar la ley.

Una por una la mayoría de derecha existente en la cámara fue rechazando todas iniciativas del Partido Socialista (PS), menos una que fue aprobada, y de otros grupos como el ecologista Livre, y fue aprobando todas las medidas de los dos que integran el Gobierno, el Partido Socialista Demócrata (PSD, centroderecha) y el democristiano CDS-PP, así como tres de Chega.

Tras votar cada propuesta, el pleno se pronunció sobre el texto final con las alteraciones aprobadas anteriormente, que recibió el visto bueno de la cámara con los votos a favor del PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal y regionalista JPP, y el rechazo en bloque de toda la izquierda, con el Partido Socialista al frente.

Para dar su visto bueno al proyecto del Gobierno, Chega había impuesto como condición la inclusión de un artículo que estableciera la cotización por cinco años en la Seguridad Social de los migrantes para tener acceso a subsidios, aunque finalmente la retiró para aceptar una fórmula un poco más genérica en este punto.

Nuevos requisitos

La nueva versión mantiene el plazo de dos años de residencia válida en el país para que los inmigrantes puedan solicitar la reagrupación con sus familiares en el extranjero, además de las limitaciones para conceder visados de trabajo y los nuevos requisitos para que los nacionales de países de lengua portuguesa, como Brasil, obtengan la residencia.

Lo que sí que cambian son las excepciones en la reagrupación familiar, que es uno de los puntos que pedía el Constitucional.

En la propuesta inicial se contemplaba la exención del plazo de dos años para los migrantes con hijos menores de edad o con parientes altamente cualificados; ahora se incorpora esa posibilidad para quien tenga familiares discapacitados o dependientes.

Otra modificación es que, en el caso de las parejas con un hijo en común, también se pueda pedir la reagrupación inmediata con el cónyuge que está fuera de Portugal.

Para las parejas sin hijos, hay una vía intermedia, que es la reducción del plazo a un año, siempre que se trate de un matrimonio o de una unión efectiva de acuerdo a ley lusa, lo que excluiría casamientos de menores de edad, polígamos o forzados.

Pese a estas excepciones, en todos los casos de reagrupación familiar es necesario que el solicitante con autorización de residencia en Portugal cumpla con una serie de medidas de integración.

Aquí el Gobierno también ha introducido cambios, ya que el Constitucional había señalado que se trataba de medidas «vagas». Ahora el texto incluye que esos requisitos son «formación en lengua portuguesa, así como en la cultura y los valores constitucionales portugueses».

Si esas condiciones no se cumplen pueden conllevar la no renovación de la autorización de residencia del inmigrante que piden la reagrupación.

Siguiendo las sugerencias del Constitucional, el Ejecutivo ha incluido en la reagrupación familiar otras «válvulas de escape», como el caso de razones humanitarias o que se demuestren lazos familiares efectivos y vinculación con Portugal, aunque la decisión final dependerá de los jueces.

La primera versión de la reforma de la Ley de Extranjeros recibió el visto bueno en julio, con el apoyo de Chega, pero cuando llegó al despacho de Rebelo de Sousa, este decidió enviarla al Tribunal Constitucional por las dudas que le suscitaron algunos puntos. EFE

ssa/lar

(foto)