El caso Saweto tendrá juicio en Perú, luego de 6 años de matanza de indígenas
Lima, 21 jun (EFE).- El mayor crimen de la historia reciente de Perú contra defensores ambientales irá a juicio, más de seis años después de que en la Amazonía ocurriera el cuádruple asesinato de indígenas a manos de presuntos madereros ilegales, y cuando faltaban pocas semanas para que el país acogiera la Cumbre Mundial del Clima.
Así lo dictaminó este lunes la Justicia peruana tras una larga y complicada investigación que finalmente culminó en el banquillo de los acusados con cinco personas como presuntos autores del crimen perpetrado contra los líderes de la lejana comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, en la frontera de Perú con Brasil.
Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2014, cuando las cuatro víctimas fueron torturadas, violadas y ejecutadas presuntamente por un grupo de madereros ilegales a los que habían denunciado por practicar la tala ilegal dentro del territorio de su comunidad, que abarca un área de unas 85.000 hectáreas de selva.
Entre las víctimas estaba el activista medioambiental y jefe de esta comunidad de etnia ashéninka, Edwin Chota, junto a sus compañeros Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo.
En el banquillo de los acusados estarán Eurico Mapes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi como presuntos autores materiales de los asesinatos y los empresarios forestales Hugo Soria y José Carlos Estrada como supuestos autores intelectuales o mediatos (con dominio del hecho).
Para ellos, la Fiscalía solicitó una pena de 35 años de cárcel por asesinato, acusación revisada por el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que fue el encargado de tutelar proceso de investigación y acusación.
Ahora el expediente pasará a manos de un tribunal de primera instancia que será el encargado de celebrar el juicio.
PRESUNTA VENGANZA POR DENUNCIAS
En el momento de los asesinatos, los cuatro nativos se dirigían a la comunidad de Apiwtxa, ubicada al otro lado de la frontera, en el estado de Acre (Brasil), y también de etnia ashéninka, con fuertes vínculos familiares con Saweto.
En Apiwtxa, los líderes de Saweto iban a reclamar ayuda a sus parientes y acordar estrategias comunes contra la tala ilegal, entre ellas la denuncia ante la Justicia brasileña de los madereros, pues la mayoría de los invasores de la comunidad eran brasileños, supuestamente a sueldo de Hugo Soria y José Carlos Estrada.
Un año antes de los asesinatos, Chota había denunciado amenazas de muerte de Soria después de que las constantes alertas de Saweto a las autoridades peruanas motivasen la inmovilización de un cargamento de este empresario de casi mil troncos por valor de 125.000 soles (unos 37.700 dólares).
UN CASO EMBLEMÁTICO
Los asesinatos de Saweto son el emblema de las violaciones y amenazas que padecen los pueblos indígenas de Perú frente a la tala ilegal, y cobraron mayor relevancia al ocurrir justo tres meses antes de que Lima acogiese en 2014 la cumbre mundial del clima (COP20).
En el momento de los crímenes, los indígenas de Saweto llevaban alrededor de una década solicitando sin éxito la titularidad de sus tierras al Estado peruano para así tener un documento que los amparase frente a cualquier persona que quisiese aprovecharse de sus recursos para actividades ilícitas.
Al igual que Saweto, muchas comunidades nativas se ven atrapadas en la misma trampa burocrática donde el reconocimiento legal de sus tierras se ve frustrado por concesiones forestales que se superponen con sus territorios o por corrupción en funcionarios que ralentizan el proceso y los recursos para ello.
Saweto, que recibió sus títulos de tierras al año después de los asesinatos, es una de las poblaciones más excluidas y remotas del territorio peruano.
Pucallpa, capital de la región oriental de Ucayali, es la ciudad más cercana, a unos cuatro días de navegación en bote por río cuando es época seca y el caudal del agua es bajo. EFE
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