Perú endurece medidas contra la criminalidad e incorpora «extrema seguridad» en prisiones
Lima, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Perú ha endurecido las sanciones contra los integrantes de los grupos criminales al incorporar la etapa de «extrema seguridad» en el régimen especial de las prisiones del país, que será aplicada de manera automática a los sentenciados y procesados por delitos como sicariato, secuestro, extorsión y criminalidad sistemática, informaron este jueves fuentes oficiales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) señaló en un comunicado que en esta etapa también serán comprendidos los jefes, líderes o cabecillas de las bandas y organizaciones criminales, y todos aquellos que cometan los delitos señalados a pesar de estar recluidos.
Durante la etapa de «extrema seguridad», los presos clasificados de esa manera serán recluidos en celdas unipersonales, contarán con solo una hora de patio y una visita mensual de un familiar.
La medida, que fue oficializada mediante un decreto que modifica el Código de Ejecución Penal, estableció que los reos clasificados permanecerán, como mínimo, cuatro años en esta etapa, y cinco años cuando se trate de jefes, líderes o cabecillas de organizaciones o bandas criminales, antes de evaluar su eventual regreso a otra etapa del Régimen Cerrado Especial, que se aplica a los sentenciados por delitos graves.
La norma también modificó el Código Penal para restringir la aplicación del beneficio de redención de pena por trabajo o educación a los sentenciados por los delitos de extorsión, organización criminal y banda criminal.
Se incorporó, además, un artículo al Código de Ejecución Penal para regular el control judicial sobre la aplicación del beneficio de redención de pena por trabajo o educación cuando este habilite la salida por cumplimiento de condena.
El MinjusDH remarcó que se exceptúa de este control judicial a los delitos de menor lesividad, para los que la administración penitenciaria podrá seguir autorizando el egreso por cumplimiento de condena.
El Gobierno promulgó, además, un decreto que fortalece el enfoque de «cárceles productivas» mediante una «regulación más precisa, sistemática y moderna» del trabajo asistido externo de las personas sentenciadas.
«Esta norma promueve el desarrollo de competencias laborales y la generación de ingresos, facilitando además el pago de la reparación civil y el ahorro para su proceso de reinserción social», detalló el ministerio.
La figura permite que determinados sentenciados cumplan actividades laborales fuera de las prisiones para luego retornar a pernoctar, siempre que reúnan requisitos como haber recibido penas no mayores de seis años, haber cumplido al menos la mitad de la condena, tener la condición de reo primario y que el delito cometido sea de menor gravedad. EFE
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