Perú reporta 143 conflictos sociales activos, más del 50 % de ellos medioambientales

Lima, 17 jul (EFE).- Perú registró durante el primer semestre de este año 143 conflictos sociales activos, más de la mitad de los cuales responden a causas medioambientales, con el 61,6 % de estos últimos relacionados con la minería, informó este jueves el último reporte de la plataforma Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).

En este primer registro del año se recogieron un total de 197 conflictos sociales, entre activos e inactivos, 9 menos respecto al semestre anterior, mientras que el OCM también indicó que entre abril de 2024 y abril de 2025 se ha presentado una media de 223 protestas mensuales, con un ligero descenso inicial, seguido por una leve tendencia al alza.

Durante la presentación del reporte 36 del Observatorio, el vocero de la organización CooperAcción, Paul E. Maquet, señaló que el desarrollo y la expansión de la minería informal ha cambiado el foco de los conflictos sociales por minería, y ahora, es el control territorial y sus beneficios lo que enfrenta a los comuneros peruanos.

Un nuevo patrón en la producción aurífera

Sobre la producción de oro en el país, la estadística marca una dispersión hacia la pequeña y mediana empresa, y la minera artesanal, lejos de la concentración en grandes magnates que se venía trabajando hasta la fecha, como Yanacocha, en la norteña Cajamarca, o Poderosa, en Pataz, también al norte del país.

En este nuevo «superciclo», Maquet indicó que el precio del oro, entre enero y diciembre de 2024, registró ingresos «por encima de lo regular, en un momento de precios estables», con 18.942 millones de dólares en un año, una cifra que superó el cálculo de 2023, y que consideró una razón de peso para sostener la hipótesis de esta reorganización de la matriz del conflicto minero.

“Estos datos expresan de otra manera el fracaso de la política minera en los últimos 35 años, una disputa por los beneficios del extractivismo”, afirmó el vocero.

Conflicto entre comuneros

El OCM señaló que pese al descenso de inversión en la minería formalizada, la explotación informal continúa su expansión en el país, en zonas como el norte o la Amazonía, lo que obliga a las comunidades a salvaguardar su integridad con rondas de campesinos (vigilantes comunales), frente a las organizaciones criminales que conviven en su territorio.

“Las comunidades ya no se enfrentan a las grandes empresas, se enfrentan entre sí”, denunció Mirtha Vásquez, abogada de la organización Grufides y expresidenta del Consejo de Ministros de Perú.

“En Cajamarca hay casi un 50 % menos de inversión en proyectos extractivos, es la tercera región productora de oro”, y sin embargo, pese a la reducción de actividad y concesiones, la informalidad se abre un hueco en los espacios permitidos.

La formalización, señaló Vásquez, no es indicador de mejores prácticas, y expuso el caso del proyecto minero Colpayo, presente en territorio indígena en la región de Cajamarca, que los expertos consideran que puede contaminar la cabecera de las cuencas Jequetepeque y el Ronquillo.

En este contexto, se señaló que el nuevo “shock” de medidas para suprimir las «barreras burocráticas» de la industria, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pasado 31 de marzo, aviva la desregularización ambiental de estas explotaciones, con la «falsa premisa», señala el observatorio, de que las demoras burocráticas de la minería se deben a los trámites ambientales.

Este conjunto de normas, no solo descuida la protección ambiental del territorio explotado, sino que también acusa una “actitud convergente entre las demandas y estrategias de los dos grandes sectores mineros: formal e informalizado”, dijo Maquet.

Al concluir su presentación en el 36 encuentro del OCM, el vocero exigió al gobierno peruano una correcta gestión ambiental y marcar «líneas rojas» en lugar de «incentivar la actividad minera», según dijo. EFE

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