Persecución política forzó al exilio a más de 100 personas en Guatemala, según informe
Ciudad de Guatemala, 19 nov (EFE).- Un bloque de siete organizaciones sociales y de derechos humanos de Guatemala denunció este miércoles que la persecución política ha forzado al exilio a más de 100 personas solo entre enero y septiembre de 2024, y alertó sobre un escenario crítico de cara a la renovación de las altas cortes en 2026.
Durante la presentación de un informe sobre criminalización, Rafael Cruz, abogado de la organización Cristosal, detalló que han identificado un «patrón sistemático» que inicia con acoso en redes sociales, avanza hacia la judicialización y culmina con la búsqueda de condenas en tribunales específicos.
«El objetivo son quienes defienden el territorio, el medio ambiente y exoperadores de justicia disidentes al régimen del Ministerio Público (Fiscalía)», explicó Cruz.
La alarma de las organizaciones se proyecta hacia 2026, año de las llamadas «elecciones de segundo grado», un proceso clave donde se definirá la continuidad o el relevo de autoridades en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Entre ellas, la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras y sancionada por más de 30 países por corrupción y acciones antidemocráticas, es señalada de haber intentado impedir que el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, asumiera el poder por medio de casos judiciales espurios luego de su inesperada victoria electoral en 2023.
En Guatemala, las comisiones de postulación, el Congreso de la República y el Ejecutivo designan a los altos cargos de justicia sin voto popular directo.
Así, Cruz advirtió que el recrudecimiento de la represión podría provocar una «abstinencia de personas idóneas» para postularse a estos cargos por temor a ser procesadas, lo que facilitaría que actores antidemocráticos copen las instituciones antes de las elecciones generales de 2027.
«Nos preocupa que, al controlar estas cortes, se utilice el sistema penal para sacar del juego a actores sociales y políticos de oposición», afirmó el abogado.
Ante esta situación, las organizaciones lanzaron una herramienta digital para recolectar denuncias y visibilizar a las víctimas, con el objetivo de contrarrestar el subregistro y evitar que los casos queden en el olvido.
Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción (CICIG) y quien denuncia haber sido criminalizada por el sistema de justicia, cerró el acto enfatizando que la amenaza sigue latente.
«Es fundamental presionar para que el sistema de justicia funcione como debe y deje de operar como un mecanismo de venganza política», sentenció. EFE
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