Perú pedirá modificar la Convención de Caracas tras asilo a ex primera ministra por México
Lima, 7 nov (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este viernes que planteará a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se modifique la Convención de Caracas de 1954, por considerar que se ha tergiversado el derecho al asilo, tras el otorgamiento de este beneficio por México a Betssy Chávez, ex primera ministra del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).
«Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros de la OEA para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo central es que el imperio de la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas», señaló un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El comunicado remarcó que, por ese motivo, el Gobierno peruano solo tomará «las decisiones que correspondan» cuando hayan culminado las consultas sobre el posible otorgamiento del salvoconducto para que Chávez pueda salir del país rumbo a México.
Chávez recibió el asilo diplomático de México el pasado lunes frente al juicio que enfrenta junto a Castillo y otros integrantes de su Gobierno bajo la acusación de rebelión y conspiración, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que el exmandatario dio el 7 de diciembre de 2022.
Exteriores aseguró que, como parte del análisis de la solicitud mexicana de salvoconducto, «se han efectuado no solo consultas internas, sino también con expertos juristas de la región».
Añadió que «una primera conclusión de ese proceso de análisis» es que se ha «producido una evolución negativa» en la práctica internacional del derecho al asilo, ya que se considera que en los últimos años «se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política».
La Convención impide dar asilo a procesados por delitos comunes, pero faculta al Estado asilante a «calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución».
«El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención», remarcó.
La Cancillería peruana manifestó, en ese sentido, «su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado» y dijo que, por ese motivo, su planteamiento de modificar la Convención de Caracas busca «evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo».
Esta postura es similar a la sostenida también por el Gobierno de Ecuador frente al asilo que México otorgó el año pasado al exvicepresidente correísta Jorge Glas y que llevó a que el presidente actual, Daniel Noboa, ordenara asaltar la embajada mexicana para sacar a la fuerza y evitar que pudiera llegar a México, algo que el Gobierno de Perú ha descartado hacer con Betssy Chávez.
El Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó el lunes pasado que Chávez se encontraba en su embajada en Lima.
Ante esto, el Gobierno peruano anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer el país norteamericano la legitimidad del Gobierno de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
Las autoridades peruanas rechazan que Chávez sea una perseguida política o se le esté «procesando por sus ideas», sino que se le juzga por presuntamente haber cometido un delito, e interpretaron el asilo como una injerencia en asuntos internos. EFE
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