Piden a tribunal rechazar plan de pagos «a 98 años» para víctimas de esclavitud en Ecuador

Quito, 21 jul (EFE).- La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) instó este lunes a la Corte Constitucional de Ecuador a rechazar «de forma categórica» la nueva propuesta de indemnización presentada por la empresa de capital japonés Furukawa, en cumplimiento de la sentencia que la declaró culpable de esclavitud moderna contra 342 personas que trabajaban en sus haciendas.

La compañía, dedicada al cultivo de abacá (musa textilis), una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, fue condenada por la Corte Constitucional (CC) el pasado 5 de diciembre.

La sentencia consideró que Furukawa fue responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.

Este consistía en «aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición».

De acuerdo a la Cedhu, que lleva la defensa de las víctimas, la compañía propone un calendario de pagos con retribuciones anuales de mil dólares por persona durante 98 años o, en su defecto, con la entrega de 2,4 millones de dólares en tierras.

En meses anteriores, la compañía había solicitado en reiteradas ocasiones a la Corte Constitucional que le levantara la prohibición de enajenar bienes para poder vender diversas propiedades y así atender las reparaciones económicas dispuestas por el máximo tribunal de garantías, que según la Cedhu ascienden a 33 millones de dólares.

Según Cedhu, esta fórmula representa una estrategia para dilatar el cumplimiento real de la reparación, imponiendo condiciones unilaterales que ignoran la situación de extrema vulnerabilidad de las personas afectadas.

Por ello, la Comisión solicitó al máximo tribunal que rechace la propuesta de la empresa, y que el Estado ecuatoriano asuma de forma inmediata el pago de la reparación, conforme a lo establecido en la sentencia emitida en diciembre, la cual también reconoce la corresponsabilidad del Estado por omisión.

También planteó que se mantenga la prohibición de enajenar los bienes de Furukawa hasta que se garanticen plenamente los derechos de las víctimas y que se convoque a una audiencia pública en la que las personas afectadas puedan exponer directamente su situación ante la Corte Constitucional.

«Las supuestas ventas se realizarían a Ecogro Forest S.A.S., una empresa recién constituida en mayo de 2024, con un capital interno de 1.000 dólares pero que pudo pagar de contado y como anticipo en virtud de promesas de compraveta firmadas en junio de 2024, más de 3 millones de dólares», afirmó Cedhu en su comunicado.

La organización recordó que las víctimas, en su mayoría personas afrodescendientes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, fueron sometidas durante décadas a condiciones análogas a la esclavitud y hoy enfrentan pobreza extrema, falta de acceso a salud, vivienda y trabajo, por lo que cualquier forma de reparación dilatada representa una nueva agresión a sus derechos. EFE

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