Poder Judicial colombiano rinde homenaje a los mártires de la toma del Palacio de Justicia
Bogotá, 7 nov (EFE).- El Poder Judicial colombiano en pleno rindió este viernes homenaje solemne «a las vidas perdidas» en la toma guerrillera y posterior recuperación por las fuerzas del Estado del Palacio de Justicia en Bogotá, al cumplirse cuarenta años de ese sangriento asalto que dejó 94 personas muertas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema, y cerca de una decena de desaparecidos.
El acto, celebrado en el nuevo Palacio de Justicia, comenzó con la interpretación del himno nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional de Colombia, seguido por la presentación de una ofrenda floral, mientras que en todas las sedes judiciales del país se izaba la bandera colombiana a media asta «en un acto de solidaridad profunda y de íntimo dolor».
«Es un reconocimiento a las víctimas, a los sobrevivientes; es un reconocimiento a la valentía, al martirio mismo, al sufrimiento, al dolor por todo lo que tuvieron que sufrir en nombre de todos los demás, en nombre de la Justicia, de la patria, de la democracia, de todos nosotros. Ellos se sacrificaron para que nosotros estemos hoy aquí», manifestó el presidente de la Corte Suprema, Octavio Augusto Tejeiro Duque.
El magistrado pidió al país hacer una reflexión sobre lo sucedido, «impedir la cultura del olvido» y «silenciar las voces de la estridencia y de la acusación», por lo que llamó a «silenciar las palabras de la ofensa» y las frases que «invitan al odio, a la desesperación y al desencuentro».
«No podemos permitir que el olvido se cierna sobre nosotros, no podemos permitir que la memoria se oculte; es necesario que la memoria siga existiendo y que esa memoria se cultive, se mantenga, se proteja y se alimente permanentemente para evitar que estos hechos vuelvan a suceder», agregó Tejeiro Duque.
Veintiocho horas de terror
Los hechos conmemorados hoy ocurrieron el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y hacer un juicio al entonces presidente, Belisario Betancur (1982-1986).
El asalto desató una batalla con las fuerzas de seguridad en pleno centro de Bogotá que se prolongó por veintiocho horas, al cabo de las cuales el interior del edificio, consumido durante la noche por un incendio, quedó reducido a cenizas el 7 de noviembre cuando el Ejército dio por terminada la operación de recuperación de la arrasada sede judicial, con todos los guerrilleros muertos.
«La Justicia fue atacada por el más perverso de los males que ha azotado a Colombia: la violencia», manifestó Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.
Para Ibáñez, el ataque al Palacio de Justicia fue un «acto demencial y terrorista», seguido por «hechos que desbordaron el ejercicio del poder» por parte de la fuerza pública.
«Hace cuarenta años en este mismo lugar se sufrió el mayor ataque a la Justicia en nuestro país, al ser tomado el Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19, seguido por la respuesta desproporcionada del Estado», recordó por su parte el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo.
Los magistrados reclamaron verdad y justicia por la toma del Palacio pues aunque hay militares condenados por esos hechos, nadie de la cúpula del M-19, grupo del cual hizo parte el hoy presidente colombiano, Gustavo Petro, ha pagado por ello, y al mismo tiempo denunciaron un intento de cambiar la versión de la historia para evadir responsabilidades.
«No podemos permitir que relatos falsos se apoderen de la memoria y terminen borrando a las víctimas de esta tragedia», agregó el magistrado Rodríguez Tamayo.
En el mismo sentido, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, dijo que aunque el M-19 era conocido por sus acciones osadas, «atacar el Palacio de Justicia y entrar disparando a humildes celadores y a funcionarios no es un gesto de romántica osadía subversiva. Fue un aleve acto terrorista».
Vallejo agregó que «no fue menos atroz el contraataque de las armas de la república» y recordó que «los guerrilleros y la fuerza publica desconocieron criterios de ética mínima en el combate como los de distinción, proporcionalidad y trato humanitario a las personas fuera de acción bélica».
El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, manifestó que «ver convertir en cenizas el alma de la Justicia es una tragedia colectiva» y recordó que hace cuarenta años «la barbarie y la sinrazón convirtieron este lugar en un campo de batalla y sacrificio».
«Es un episodio que nos avergüenza como nación y frente a la comunidad internacional, no solo por la responsabilidad del Estado (…) sino por la forma como hemos reconstruido esta narrativa con silencio, ocultamientos e impunidad», expresó Álvarez. EFE
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