Políticos implicados en saqueo de fondos del Parlamento de Honduras
Tegucigalpa, 21 jun (EFE).- La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó este martes requerimiento fiscal en contra de un diputado, cuatro exdiputados y representantes legales de dos ONGs, a quienes se les vincula en «operaciones fraudulentas y saqueo de fondos» del Parlamento de Honduras.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la UFERCO presentó requerimiento fiscal contra el diputado Alberto Chedrani, del ahora opositor Partido Nacional, y los exdiputados Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz, José Vicente León y Rodimiro Mejía Merino.
El requerimiento también fue presentado contra dos contadores de las mismas ONGs y otras cinco personas particulares.
Según las investigaciones, los delitos señalados se cometieron entre los años 2013 y 2017, y los implicados actuaron en colusión con las ONG’s Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).
En el caso de las personas particulares, estuvieron encargadas de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre, señaló el Ministerio Público, del que depende la UFERCO.
Indicó, además, que las imputaciones contra Alfredo Chedrani y José Vicente León, son por «fraude y lavado de activos», mientras que en el caso de Oswaldo Ramos Soto y Ricardo Antonio Díaz, «por fraude».
Los otros implicados habrían incurrido en «fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos», lo mismo que en «encubrimiento por receptación agravado» y «falsificación de documentos».
Los investigados «se coludieron para crear las ONG’s OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18,95 millones de lempiras» (unos 773.470 dólares), añade el informe.
Según la denuncia, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG’s se vieron envueltas en una serie de ilícitos e irregularidades, además de que las diputados se valieron de sus cargos para drenar recursos estatales.
«Los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)», indicó el Ministerio Público.
Los recursos malversados fueron desviados para la financiación de gastos personales y campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG’s el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
De esa forma, Chedrani habría percibido 19 depósitos que sumaron más de 2,9 millones de lempiras (118.367 dólares), mientras que Ramos Soto, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, otrora rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y excandidato presidencial, «fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras» (alrededor de 41.000 dólares).
La UFERCO interpuso el requerimiento fiscal ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo el procedimiento que establece la norma procesal penal cuando alguno de los sindicados es alto funcionario del Estado, indicó el Ministerio Público.
Los últimos doce años en el poder del Partido Nacional de Honduras fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico, entre otros delitos, aunque la corruptela también salpicó a políticos de otros partidos como el Liberal, tercera fuerza de oposición en el Parlamento. EFE
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