Presidente del Parlamento de Venezuela exige a España extradición de acusado de homicidio
Caracas, 5 feb (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, exigió este jueves que el Gobierno de España extradite a un hombre acusado de un homicidio cometido durante las protestas antigubernamentales de 2017, cuando quemaron vivo a Orlando Figuera que falleció dos semanas después.
«Me sentiré profundamente feliz cuando el Gobierno de España cumpla con el derecho internacional, con las leyes internacionales y las leyes de extradición y nos devuelva a ese homicida para que sea juzgado en un tribunal venezolano», dijo Rodríguez durante el debate de la primera discusión de una ley de amnistía a los presos políticos, transmitido por el canal estatal ANTV.
El legislador no mencionó el nombre del presunto homicida, pero señaló que vive libremente en España.
Las autoridades de Venezuela han solicitado en varias oportunidades a España la extradición de Enzo Franchini, quien fue acusado de quemar vivo a Figuera.
Figuera, de 22 años, falleció el 4 de junio de 2017, dos semanas después de haber sufrido graves quemaduras en medio de una protesta antichavista, en la que, según la Fiscalía venezolana, el joven fue «golpeado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes».
La Fiscalía explicó entonces que Figuera se encontró con un sujeto con el que había tenido un altercado anteriormente.
Según las autoridades venezolanas, el acusado agredió a Figuera con un arma blanca ocasionándole una herida «y comenzó a gritar a los manifestantes que estaban cerca que ‘este estaba robando’ para que la multitud lo agrediera física y verbalmente».
Tras ello, el joven «recibió varias heridas con armas blancas y una persona le roció gasolina y lo prendió en fuego».
En julio de 2019, un juez de la Audiencia Nacional española decretó prisión provisional y sin fianza para el venezolano Enzo Franchini Oliveros, detenido en España y reclamado por Venezuela por este hecho.
Un año después, esta solicitud quedó paralizada luego de que la Fiscalía española argumentase que el venezolano corría el riesgo de que se le vulnerasen sus derechos humanos, en caso de ser enviado a la nación sudamericana. EFE
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