Punta Peuco: la cárcel para torturadores y asesinos de la dictadura que divide Chile

Sebastián Silva

Santiago de Chile, 2 jun (EFE).- La transformación en penal común de la cárcel de Punta Peuco, una prisión especial destinada a criminales de lesa humanidad, anunciada por el presidente chileno, Gabriel Boric, ha reabierto un antiguo conflicto que divide Chile y ha acaparado este lunes el debate político.

En especial desde la oposición de derechas, con la candidata presidencial Evelyn Matthei a la cabeza, hija de un miembro de la Junta Militar golpista, quien aprovechó el anuncio presidencial del domingo para atacar al mandatario.

Más dura fue la diputada del partido de oposición conservador Renovación Nacional, Camila Flores, quien tildó al mandatario de miserable y aseguró que en el penal no hay privilegios.

«Lo invito a conocer el penal de Punta Peuco, se dará cuenta que ni siquiera tiene agua potable y está lejos de ser un penal con privilegios. Usted es un miserable que se llena la boca con los derechos humanos y no es capaz de conocer la realidad de adultos mayores y enfermos terminales que además han sido víctimas de juicios donde no ha habido un debido proceso”, afirmó en redes sociales.

Boric argumenta que «en 1995, se autorizó la construcción de un penal especial destinado a los criminales de lesa humanidad por los delitos ocurridos en dictadura. Era otro Chile y, desde mi punto de vista, no existe justificación alguna para ese privilegio”.

Construida en 1995 bajo el gobierno del democristiano Eduardo Frei, el penal fue creado mediante un decreto que le otorgó «especiales condiciones de seguridad» en atención a la «particularidad» de quienes serían ahí recluidos: torturadores y asesinos que hoy rondan en su mayoría los 80 años y formaron parte de la Policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Tal como hiciera el presidente (Sebastián) Piñera al cerrar el penal Cordillera, hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco tal como se le ha conocido. Porque no es solamente una medida de justicia, sino también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario», indicó el mandatario.

El intento fallido de Bachlet

Con 3.900 metros cuadrados y ubicada en Tiltil, a 41 kilómetros del centro de Santiago, la cárcel de Punta Peuco, al igual que el clausurado Penal Cordillera en su momento, ha sido objeto de numerosos debates por los privilegios que supone para sus reos, que no tienen contacto con condenados por delios comunes.

Al momento de su creación, el propio expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), entonces ministro de Obras Públicas, se negó a firmar el decreto que permitía su construcción, la primera de una serie de controversias oficiales en torno a su existencia.

Pocas horas antes del término de su segundo mandato presidencial (2014-2018), Michelle Bachelet instruyó el cierre del recinto para concretar una de sus más sentidas promesas.

Sin embargo, reveló la exmandataria en una entrevista posterior, su entonces ministro de Justicia Jaime Campos simplemente se negó.

La última vez que Punta Peuco se tomó la discusión pública fue para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, cuando un sector del oficialismo impulsó con fuerza su cierre, pero no logró convencer al Gobierno.

Los criminales

Según indicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, a la fecha hay cerca de 140 personas privadas de libertad en Punta Peuco, que tiene capacidad para 130 reclusos.

“Actualmente Punta Peuco está al límite (…) y si se hace un establecimiento penal de carácter común, va a tener que determinar Gendarmería si es posible aumentar la capacidad o no”, adelantó el secretario de Estado.

Por Punta Penco han pasado criminales como Manuel Contreras (1929-2015), el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo responsable de perseguir, torturar, exterminar y desaparecer a cientos de personas opositoras a la dictadura, militantes de izquierdas y funcionarios de la Unidad Popular.

Condenados como Miguel Krassnoff, Pedro Espinoza, Álvaro Corbalán e Raúl Iturriaga Neumann, todos sentenciados a cientos de años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, siguen recluidos en sus celdas.

«No hay ninguna justificación razonable para las personas que violaron los derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad tengan un trato o régimen penal especial», subrayó el ministro de Justicia sobre una controversia que viene de lejos y que ha vuelto a la primera plana de la actualidad, en un año con elecciones presidenciales a la vista. EFE

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