Reforma constitucional buscaría ocultar muertes en cárceles salvadoreñas, según abogada
San Salvador, 18 mar (EFE).- La abogada y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, señaló este jueves que la reforma constitucional aprobada por el Congreso para habilitar las cadena perpetua buscaría «ocultar» las muertes de personas procesadas en el contexto del régimen de excepción, en caso de que su aplicación sea retroactiva.
De acuerdo con diversos analistas, uno de los objetivos de esta reforma es respaldar o legitimar las penas centenarias que actualmente se están imponiendo en el país, principalmente en procesos relacionados con el régimen de excepción.
«Otro objetivo, a mi juicio, si es que lo hacen retroactivo, es el hecho de también ocultar las muertes en el sistema carcelario», sostuvo Escobar en declaraciones a EFE, cuya organización ha documentado al menos 502 personas fallecidas en custodia estatal, aunque apunta a que la cifra real podría ser superior a 2.000.
Advirtió que «están dejándole una gran responsabilidad a los jueces sin rostro» de los juzgados Contra el Crimen Organizado, porque «en estos juicios masivos de audiencias abiertas únicas van a ser capaces de estar procesando gente sin estar seguros de que están vivos y, en el peor de los casos, condenando gente sin estar seguros de que están vivos».
Escobar lamentó que en este tipo de procesos «van haber condenas masivas de gente inocente» y agregó que temen que una vez condenadas a cadena perpetua, dadas las restricciones de visitas actuales, «tampoco se pueda volver a ver nunca más al familiar».
Sobre la retroactividad o no de la reforma, la abogada explicó que sería necesaria una interpretación autentica, que es la figura en la que la Asamblea Legislativa aclara la forma de valorar una norma.
El Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó el martes una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para «homicidas, violadores y terroristas» propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.
«Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.
La propuesta de Bukele para permitir las penas perpetuas llegó a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó el marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.
También la reforma fue propuesta días después que un grupo de expertos divulgara un informe en el que se concluye que en el contexto de la implementación del régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad». EFE
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