Registrados en Bolivia 69 feminicidios en lo que va de año y 22 casos con sentencia

La Paz, 4 oct (EFE).- En lo que va del año se registraron en Bolivia 69 feminicidios y 27 infanticidios, informó este viernes el Ministerio Público boliviano.

La Fiscalía señaló que los feminicidios se concentraron en su mayoría en los departamentos de La Paz (18), Cochabamba (14) y Santa Cruz (14), que conforman el eje central del país.

Elizabeth Viveros, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, mencionó que el 94,1 % de estos casos «se encuentran con (los) responsables identificados» e indicó que 22 casos ya tienen sentencias condenatorias.

Los 69 feminicidios en lo que va de 2024 se contrastan con los 67 de 2023 en el periodo de enero a octubre, mientras que en 2022 se reportaron 71 y en 2021 hubo 88.

El caso más reciente de feminicidio corresponde al de una mujer que fue enterrada ilegalmente en el pueblo de Tihuanaco, a 75 kilómetros al oeste de La Paz.

El hecho se produjo hace dos meses, pero se conoció hace poco debido a que la madre de la víctima denunció el caso y tras la exhumación del cuerpo se estableció que sufrió agresiones, por lo que su esposo fue enviado a prisión.

Los infanticidios en Bolivia suman 27 y se registraron en los departamentos de La Paz (15), Santa Cruz (8), Cochabamba (2) y Oruro (2).

En el mismo periodo de 2023 hubo 21 infanticidios, en 2022 se reportaron 29 casos y en 2021 se cuantificaron 30.

La Fiscalía estableció que en el 74 % de los casos se identificaron a los autores y se dictaron 3 sentencias.

Asimismo, entre enero y agosto, el Ministerio Público recibió 28.876 denuncias relacionadas a hechos de violencia contra mujeres y menores de edad, de las que 21.821 corresponden a violencia familiar.

La ley 348 sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

Esta ley fue criticada recientemente por parte del oficialismo, y llamada una ley «antihombres» por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, integrante del Movimiento al Socialismo (MAS).

Esa declaración provocó el descontento de organizaciones sociales y feministas que reclaman desde hace años que esa norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, y la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias, entre otros aspectos. EFE

grb/eb/pddp