Relator de la ONU sobre vivienda pide «límites razonables» a los alquileres en España
Antonio Broto
Ginebra, 5 mar (EFE).- El alquiler de viviendas en España y otros países se ha convertido en un problema importante al que debe responderse con precios a «límites razonables», opinó hoy el relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, quien reclamó que «no sean abusivos ni estén sometidos a presiones especulativas».
Ello es especialmente importante, advirtió, «cuando grandes empresas inmobiliarias o fondos financieros se han convertido en propietarios de viviendas en muchos países europeos y tratan la vivienda como un activo del que obtener beneficios».
Rajagopal aseguró que en España existe una necesidad real de construir más viviendas, pero señaló que en los últimos 30 años en muchos países, incluido el español, prevaleció un enfoque en este sector basado en el mercado y que acabó haciendo desaparecer gran parte de la vivienda asequible.
El relator formuló estos comentarios durante una rueda de prensa en la que ha comentado los hallazgos de su informe sobre el reasentamiento de quienes han perdido sus casas por conflictos armados o desastres, el que presentó poco antes al Consejo de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra.
Construir más, pero asegurarse de para quién
«Apoyo plenamente los esfuerzos del Gobierno de España de construir más viviendas para quienes las necesitan», señaló en referencia a la reciente promesa de construir unas 15.000 unidades al año con financiación público-privada, «pero la cuestión es asegurarse de que realmente estén destinadas a quienes las necesitan».
El relator, que finaliza este año su mandato, afirmó que paralelamente a la crisis de vivienda asequible países como España sufren «un aumento del sinhogarismo y de ciertas tendencias políticas oscuras que culpan de los problemas inmobiliarios a los migrantes, alimentando el auge de partidos de extrema derecha».
Sobre las medidas antidesahucios, días después de que el Congreso de los Diputados español votara en contra de la propuesta gubernamental de prorrogarlas hasta el 31 de diciembre, el relator insistió en que para evitar la crisis de vivienda hay que garantizar que los desahucios «no sean tan fáciles» y que los inquilinos «tengan más derechos a la hora de permanecer en sus viviendas».
«Es fundamental reforzar los procedimientos legales en los desahucios para garantizar que los derechos de quienes viven actualmente en sus hogares estén protegidos, por ejemplo asegurando asistencia jurídica básica y que no sean echados de casa si ello va a provocar que se queden sin hogar», explicó.
Problemas y soluciones en el resto de Europa
Rajagopal advirtió que la existencia de viviendas sociales no siempre garantiza que todo el mundo tenga derecho a ellas, y recordó que en su visita a Países Bajos en 2020 pudo comprobar que un país que en teoría ha construido mucho este tipo de alojamientos asequibles sigue dejando fuera de ellas a amplias capas de la sociedad.
«Ello ha contribuido al auge de discursos políticos que culpan a los migrantes, y al aumento de racismo en los debates sobre vivienda», lamentó.
Añadió que la causa profunda de estos problemas es que «durante décadas la vivienda no ha sido tratada como un derecho humano en Europa», y que hubo que esperar hasta hace relativamente poco (finales de 2025) para que la Unión Europea aprobara un plan de vivienda asequible.
Rajagopal recordó que en Europa hay todavía ciudades que sí son buen ejemplo de lugares donde «la gente puede permitirse una vivienda», como el caso de Viena, donde «la gran diferencia frente a urbes como Madrid o Barcelona es la relación con el suelo».
La capital austríaca «ha desarrollado un sistema que se remonta a hace más de un siglo, basado en la idea de que la tierra no debe tratarse como una mercancía especulativa». EFE
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