RSF pide mayores garantías para la independencia de los medios públicos en la UE

París, 21 jul (EFE).- Los medios audiovisuales públicos de la Unión Europea deben tener garantías políticas y económicas «fuertes» para asegurar su independencia editorial, asegura Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un informe sobre la situación del sector.

El informe, publicado este lunes con motivo de la entrada en vigor de la nueva legislación europea en materia de libertad de prensa el 8 de agosto, se titula ‘Presiones sobre los medios públicos: un test decisivo para las democracias europeas’ y destaca a los medios de Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo como los más independientes del poder político.

Más de la mitad de los ciudadanos europeos (55 %) creen que los medios de comunicación públicos de sus países sufren presiones fuertes de naturaleza política, asegura la organización, con sede en París.

Esas presiones son «extremas» en Hungría, Polonia y Malta, según sus ciudadanos, y «fuertes» en España, Grecia, Italia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Chipre, Suiza, Bulgaria, Eslovenia, Austria, Croacia, Lituania, Finlandia y Reino Unido.

Para RSF, las entidades audiovisuales públicas de Europa se están «acercando peligrosamente» a los poderes ejecutivo y legislativo, que interfieren en los nombramientos directivos y la estructura de sus organigramas.

«El nombramiento de una persona afiliada directa o indirectamente a un partido político es muy peligroso para garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos y para que estos sigan contribuyendo en su misión por el interés general», recalca a EFE Elena García, una portavoz de RSF.

Sobre España, el informe resalta los retrocesos durante el gobierno de Mariano Rajoy para facilitar la designación política de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, tras aprobar un cambio que permitía esquivar que se hicieran con un apoyo parlamentario de dos tercios, una «mejora» instaurada en 2006 por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las injerencias políticas llevaron a los trabajadores de RTVE a organizar protestas de «viernes negros» en 2018, recuerda RSF, que critica igualmente un decreto impulsado por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez tras la pandemia.

Pese a sus compromisos iniciales para avanzar hacia un nombramiento por concurso, Sánchez retomó las designaciones por mayoría absoluta del Congreso, algo que según RSF es «contrario a sus compromisos y al espíritu» de la nueva norma de la UE.

La clave de la financiación

Este nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación será plenamente aplicable el próximo 8 de agosto y exigirá a los Estados miembros que destinen fondos públicos «suficientes, estables y previsibles» a estas entidades.

Para ello, RSF considera que una dotación económica a través de una asignación en los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de España, Países Bajos, Bélgica o Rumanía, puede ser «peligroso» salvo que incorpore «medidas concretas» para asegurar su perdurabilidad y para proteger de posibles presiones políticas.

La confianza es preocupantemente baja en Hungría, donde solo un 23 % de los ciudadanos consideró en 2023 que las cadenas públicas de televisión eran una fuente fiable, así como en Polonia, donde en 2023 se consideraron medios poco fiables por parte del 38 % de la población.

A pesar de esta tendencia, los medios públicos de la UE siguen despertando más confianza entre los ciudadanos (69 %), y en Alemania, Rumanía e Irlanda su credibilidad se ha mantenido estable en el tiempo.

En España, la tasa de confianza en los medios de comunicación públicos ha aumentado del 43 % en 2022 al 53 % en 2024.

Ante esta situación, RSF propone una serie de doce recomendaciones, especialmente sobre financiación plurianual y con garantías de independencia.

También propone estudiar un sistema de financiación a nivel europeo basado en una tasa impuesta por los Estados miembros de la UE a las plataformas numéricas.

Además, pide que los reguladores europeos desarrollen mecanismos comunes de garantía del pluralismo interno, así como la creación de responsables específicos encargados de salvaguardar la independencia y vigilar contra los conflictos de intereses.

El informe enumera problemas de presiones políticas en distintos países y detalla por ejemplo el proceso de toma de control de los medios públicos de Hungría desde la llegada al poder de Viktor Orbán en 2010 o las injerencias del Gobierno de Giorgia Meloni en la RAI italiana.

«A nivel europeo hemos visto la llegada al poder de líderes que amenazan la independencia de los medios de comunicación públicos (…) Estas derivas políticas amenazan la existencia e incluso la calidad de la información de los medios de comunicación públicos», alega García. EFE

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