Rusia invita a hablar en la ONU a su defensora del Niño, reclamada por la CPI

Naciones Unidas, 4 abr (EFE).- Rusia anunció este martes que su comisionada presidencial para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, reclamada por la Corte Penal Internacional (CPI) por la supuesta deportación ilegal de menores de Ucrania, intervendrá este miércoles por videoconferencia en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU.

Moscú, que ha organizado la sesión, busca responder en ella a estas acusaciones por las que también se ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

En respuesta a esta invitación, el Reino Unido optó hoy por bloquear la emisión de la reunión en el servicio de televisión de la ONU, aunque el encuentro estará abierto a los medios y Rusia ya ha dicho que buscará formas alternativas para transmitirlo.

Según un portavoz británico, Lvova-Belova no debe contar con «una plataforma de Naciones Unidas para difundir desinformación».

«Si quiere dar cuenta de sus acciones, lo puede hacer en La Haya», dijo el portavoz en referencia a la sede de la CPI.

Además, el Reino Unido dijo que su embajadora no asistirá a la reunión.

La delegación rusa había anunciado días atrás esta cita, pero hasta hoy no desveló la identidad de los invitados a comparecer.

Además de Lvova-Belova, el Consejo de Seguridad escuchará a otros responsables rusos y de la república separatista ucraniana de Donetsk, así como a un médico de esa región.

Aunque Rusia ocupa este mes la presidencia de turno del órgano y ello le da cierto poder sobre su agenda, ha optado por celebrar este encuentro en un formato informal al que tienen acceso todos los Estados miembros.

La reunión se celebrará por ello fuera de la sala del Consejo de Seguridad y no constará como una cita oficial.

En su convocatoria, Moscú explica que el objetivo es ofrecer «información objetiva sobre la situación de los niños en zonas del conflicto en el Donbás y sobre las medidas tomadas por las autoridades rusas para evacuarlos del peligro».

La CPI emitió el pasado marzo una orden de arresto contra Putin y Lvova-Belova como «presuntos responsables» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.

Rusia reaccionó con indignación ante esta decisión, que interpretó «como una agresión» contra el país, según afirmó el presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin.

Este martes, Lvova-Belova aseguró en una rueda de prensa en Moscú no haber recibido ningún documento de la CPI y consideró que la acusación «parece una farsa». «Continuaremos trabajando como antes», agregó.

Según dijo, los menores ucranianos que están bajo tutela de ciudadanos rusos habían perdido a sus padres en Ucrania o éstos habían sido privados de la custodia por lo que los niños se hallaban en instituciones sociales.

En ese sentido, insistió en que no hay «ni un solo caso en que el niño (ucraniano) fuera separado de su familia para ser entregado a una familia adoptiva» y se busca que los menores «conserven sus raíces» y puedan volver con sus familiares si estos aparecen. EFE

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