Medios públicos tunecinos anuncian huelga general contra la censura
Túnez, 23 mar (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT) anunció este miércoles para el próximo 2 de abril una huelga general de medios de comunicación públicos para denunciar las presiones políticas contra los periodistas y defender la independencia de su línea editorial.
El pasado viernes el periodista de la radio privada “Mosaïque FM”, Khalifa Guesmi, fue puesto bajo control policial y otros dos compañeros de la misma emisora fueron convocados como “sospechosos” por la justicia antiterrorista tras informar sobre el desmantelamiento de una presunta célula yihadista en la provincia de Kairouan (centro) y negarse a revelar sus fuentes de información.
Una treintena de organizaciones por los derechos humanos publicaron un comunicado en solidaridad con Guesmi y recordaron que podría enfrentarse a penas de entre diez y veinte años de cárcel además de una multa de hasta 100.000 dinares (equivalente a 30.000 euros) si fuera reconocido culpable de un delito terrorista.
Tras decretar el Estado de excepción el pasado 25 de julio- que incluyó el cese del primer ministro y la suspensión del Parlamento- el presidente de la República, Kais Said, congeló la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se arrogó plenos poderes para “preservar la paz social”.
Al día siguiente de estas medidas excepcionales, Said ordenó a las fuerzas de seguridad clausurar la sede del canal de noticias qatarí Al Jazeera- que trabaja actualmente sin autorización desde la sede del sindicato de periodistas- y dos días después destituyó al director de la televisión pública Al Watanya.
La iniciativa del mandatario ha sido calificada por la mayoría de partidos como “golpe de Estado”, mientras otros consideran que se trata de una “rectificación” de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.
Desde entonces, la justicia civil y militar ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios- contra magistrados, responsables de instituciones, empresarios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión; lo que ha desatado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE
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