Tribunal de Apelación británico confirma ilegalidad de poderes policiales contra protestas

Londres, 2 may (EFE).- El Tribunal de Apelación británico confirmó este viernes la ilegalidad de los poderes adicionales para la intervención de la policía británica que el anterior Gobierno conservador impulsó para que los agentes pudieran disolver manifestaciones antes de que comiencen alteraciones del orden público.

El Ministerio del Interior ha perdido el recurso que interpuso contra la sentencia del pasado 21 de mayo, que declaró ilegales las nuevas normas que ampliaban la definición de «alteración grave» del orden público para que las fuerzas del orden tuvieran una mayor flexibilidad a la hora de actuar.

Las medidas reducían además el umbral necesario para que se produjera una intervención policial en una protesta, y el Ejecutivo conservador las impuso por decreto después que fracasara su intento de que el Parlamento británico aprobase una enmienda a la Ley de Orden Público que diera más poder a la policía.

El grupo de defensa de los derechos civiles Liberty fue la entidad que acudió a los tribunales para tumbar esta norma impulsada por el anterior primer ministro, el ‘tory’ Rishi Sunak, a la cual el actual mandatario, el laborista Keir Starmer, se opuso.

El actual primer ministro criticó que se legislara en ese momento para atajar un problema contra el que la policía «ya tenía poderes para actuar».

El pasado febrero, Liberty pidió a la citada corte que considerase ilegales las disposiciones del Ministerio de Interior y, al dar la razón a la organización, los magistrados resaltaron que Interior actuó fuera de sus poderes al reducir el umbral y que no llevó a cabo un proceso de consulta justo.

En la sentencia de Apelación, el juez Underhill dijo que «la definición de ‘grave’ no puede abarcar razonablemente nada que sea meramente ‘más que leve'», en referencia a la reducción del umbral para que los agentes actuasen.

Según el juez, este recurso debería haberse debatido en julio del pasado año, pero se aplazó con motivo de las elecciones del 4 de julio y, posteriormente, la ministra de Interior laborista, Yvette Cooper, decidió seguir adelante con el mismo a pesar de que Starmer se mostró en contra de la medida en el pasado.

«La sentencia de hoy deja claro, al igual que el año pasado, que estas leyes nunca deberían haberse promulgado», dijo Akiko Hart, directora de Liberty, que señaló que la norma es «un flagrante abuso de poder por parte de un gobierno decidido a reprimir a los manifestantes con los que personalmente no está de acuerdo». EFE

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