Trinidad y Tobago ve como «un gran avance» salir de la lista de paraísos fiscales de la UE
Puerto España, 18 feb (EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó este miércoles que es «un gran avance» la eliminación de su país de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales.
«Mediante la reforma legislativa, la colaboración internacional sostenida y el fortalecimiento de las instituciones, restauramos la credibilidad y reconstruimos la confianza en nuestro sistema financiero», dijo.
Persad-Bissessar, quien llegó al poder en mayo de 2025, añadió que la inclusión en la lista negra de paraísos fiscales limitó la inversión y las oportunidades y debilitó la confianza en el sistema financiero del país.
«La eliminación de la lista es una clara señal para el mundo: hemos cumplido nuestros compromisos y recuperado nuestra posición en el escenario global. Heredamos una economía sometida a una gran presión, pero prometimos actuar, y lo estamos haciendo», subrayó.
La primera ministra destacó asimismo que el interés de los inversores por el país «está aumentando» y que Trinidad y Tobago está «abierta a los negocios y lista para un crecimiento sostenible».
La UE sacó ayer de su lista negra a Trinidad y Tobago, así como a Fiyi y Samoa, tras constatar que han cumplido con todos los estándares internacionales acordados.
La actualización aprobada por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete incluyó a Vietnam y las islas Turcas y Caicos en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria.
Tras la modificación, en la lista de paraísos fiscales figuran diez territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu y Vietnam.
La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios; y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones. EFE
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