Auditores UE piden a Bruselas más medidas para fomentar inversión sostenible
Bruselas, 20 sep (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) pidió a la Comisión Europea (CE) que tome medidas para dar un mayor impulso a las inversiones sostenibles, en particular, que adopte su lista de actividades consideradas sostenibles y que actúe sobre el precio de las emisiones contaminantes para reflejar mejor su coste social y medioambiental.
En un informe especial sobre finanzas sostenibles publicado hoy, los auditores europeos concluyen que el Ejecutivo comunitario no ha hecho lo suficiente para canalizar inversiones hacia fines sostenibles pese a que la Unión Europea necesitará un billón de euros en inversiones cada año si quiere cumplir su objetivo de alcanzar en 2050 la neutralidad climática -emitir sólo lo que pueda absorber-.
Los auditores consideran que el plan de acción para fomentar las finanzas sostenibles presentado por Bruselas en 2018 se centró acertadamente en mejorar la transparencia del mercado financiero, pero faltaron medidas destinadas a reflejar los costes sociales y medioambientales de las actividades no sostenibles.
«Las actividades no sostenibles son todavía demasiado rentables. La Comisión ha contribuido a mostrar con transparencia esta falta de sostenibilidad, pero aún debe encontrarse una solución a este problema subyacente», dijo Eva Lindström, miembro del Tribunal responsable del informe.
Para paliarlo, los auditores recomiendan tomar medidas para garantizar que los precios de las emisiones de gases de efecto invernadero reflejan mejor sus costes, y valoran en este sentido que la Comisión haya propuesto ampliar el sistema europeo de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo y por carretera, así como crear un mecanismo de ajuste de carbono en frontera para gravar importaciones producidas con más emisiones.
Critican, por otra parte, que se haya retrasado la adopción de la «taxonomía» de la UE, una lista que definirá qué actividades económicas son realmente sostenibles para el medio ambiente, de modo que los inversores que deseen apostar por ellas tengan seguridad y se evite el llamado «blanqueo ecológico».
El Tribunal considera que la existencia de muchos marcos diferentes para decidir qué es sostenible supone hoy un «grave obstáculo para cambiar el comportamiento de los inversores», que además se encuentran con «falta de claridad sobre las necesidades de inversión sostenible y los proyectos disponibles», explicó Lindström.
La Comisión ha publicado parte de la taxonomía, pero aún tiene que decidir si incluye la energía nuclear o ciertas actividades ligadas al gas natural por su potencial para la transición energética, de modo que espera adoptarla en uno o dos años.
Esta demora «también retrasa las otras medidas que se basan en ella, como el etiquetado de productos financieros y la divulgación de información sobre sostenibilidad» por parte de las empresas, advierten los auditores, que piden además a Bruselas aclarar cómo se verificará la información aportada por las firmas.
El Tribunal de Cuentas considera, por otra parte, que la Comisión debe aplicar criterios más coherentes para medir la sostenibilidad de las inversiones que realiza con el presupuesto de la UE, para lo que recomienda usar la taxonomía en cuanto esté disponible y aplicar el criterio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente».
Este ya se ha introducido en el nuevo fondo de recuperación e impide financiar cualquier actividad que dañe al medio ambiente.
«Es razonable esperar que la UE actúe como un modelo y no debería subsidiar cosas que perjudiquen al medio ambiente. El ritmo al que esto debe hacerse puede discutirse, pero la dirección tiene que estar clara», dijo Lindstrom, admitiendo que será un «reto político».
Actualmente el presupuesto europeo financia, por ejemplo, la construcción de gasoductos, sin exigir a cambio transitar hacia el uso de energías renovables.
La UE destinará el 30 % de su presupuesto para 2021-2027 y al menos el 37 % del fondo de recuperación al clima, con lo que la financiación comunitaria será de unos 200.000 millones de euros anuales. EFE
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