Un juez de Ecuador ordena desbloquear cuentas de tres fundaciones indígenas amazónicas
Quito, 5 nov (EFE).- Un juez anticorrupción de Ecuador ordenó este miércoles el desbloqueo de las cuentas bancarias de tres fundaciones indígenas amazónicas que permanecían inmovilizadas desde hacía casi un mes por orden de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La decisión fue adoptada por el juez Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, quien consideró que la medida carecía de fundamento legal y vulneraba el derecho de asociación, según informaron las organizaciones afectadas, entre ellas la Fundación Alianza Ceibo, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru) y la Unión de Afectados por Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), en un comunicado conjunto.
«El juez nos dio la razón, no había pruebas ni razones para el congelamiento de las cuentas», declaró Jairo Irumenga, líder indígena waorani y director ejecutivo de Alianza Ceibo.
El congelamiento de cuentas bancarias de líderes indígenas comenzó a darse en el marco del paro nacional convocado en septiembre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en rechazo al alza del diésel, una acción que perduró durante un mes y afectó especialmente a la provincia de Imbabura, en el norte del país.
En la audiencia, Hidalgo resolvió revocar la medida al determinar que la institución no presentó pruebas que demostraran que las entidades representaran una amenaza a la seguridad o al orden público, ni evidencias de que financien actos violentos o terrorismo.
«No hay ninguna información o prueba aportada por al UAFE en esta audiencia a ese respecto», versa el comunicado.
Según las fundaciones, el magistrado enfatizó que «el Estado está obligado a garantizar el derecho de asociación» y recordó que las acciones de las organizaciones civiles gozan de presunción de buena fe y legalidad, por lo que «no deben ser objeto de hostigamiento ni estigmatización».
Además, ordenó que se ejecute el desbloqueo de las cuentas en un plazo máximo de 72 horas.
María Espinosa, abogada de Alianza Ceibo, declaró que «la UAFE nunca demostró la necesidad ni la proporcionalidad de la medida».
La defensa de las organizaciones argumentó que la medida de bloqueo fue arbitraria y desproporcionada, ya que la UAFE no presentó ningún reporte de operaciones sospechosas.
Desde la Udapt, Pablo Fajardo afirmó que las tres entidades «cumplen con la ley y trabajan en favor de comunidades indígenas y campesinas». EFE
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