Un país de la UE puede obligar a un militar a vacunarse, según la abogada general
Bruselas, 20 nov (EFE).- Un país de la Unión Europea puede obligar a vacunarse a los miembros de sus Fuerzas Armadas, aunque la medida sea contraria a sus opiniones personales, según las conclusiones de una abogada general del Tribunal de Justicia de la UE.
Las opiniones personales basadas en preocupaciones en materia de salud sobre los efectos de una vacuna y el desacuerdo con la política de vacunación de un Gobierno no constituyen «convicciones» comprendidas entre los motivos de discriminación prohibidos, según la abogada general croataTamara Ćapeta.
Su razonamiento, que no es vinculante pero suele orientar la decisión final del tribunal, se refiere a un caso planteado en Italia durante la pandemia de covid-19, cuando una ley italiana estableció la vacunación obligatoria contra el coronavirus para los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajaban para el Ministerio de Defensa y algunos militares fueron suspendidos temporalmente de empleo y sueldo después de decidir no vacunarse.
Uno de ellos argumentó que su negativa se basaba en dos razones: creía que la vacuna era ineficaz e insegura y no estaba de acuerdo con la política del Gobierno italiano, al considerar inaceptable que este no asumiera responsabilidad en caso de efectos secundarios causados por la vacuna.
El militar en cuestión fue suspendido de empleo y sueldo durante aproximadamente dos meses, tras los cuales se retiró la obligación de vacunación.
El afectado recurrió la decisión de la suspensión de empleo y sueldo alegando que había sido discriminatoria, basándose en la Directiva marco sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
El Consejo de Estado italiano se dirigió con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia para que aclarara ese extremo.
En sus conclusiones presentadas hoy, la abogada general considera que la Directiva marco sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación no resulta aplicable al presente asunto.
Según considera, una convicción personal, basada en motivos de salud o en desacuerdos con las políticas gubernamentales, no constituye una «convicción» prohibida por la normativa europea ya que no se trata de una verdadera convicción filosófica, sino más bien de una opinión crítica sobre la vacunación obligatoria.
En el caso de que el Tribunal considere que sí supone una «convicción», la abogada general cree que la discriminación sería sólo «indirecta» y puede estar justificada por el objetivo legítimo de proteger la salud pública», ya que «la vacunación obligatoria era una medida necesaria y proporcionada para alcanzar ese objetivo en el contexto de la emergencia provocada por la propagación del coronavirus».
Aunque las opiniones de los abogados generales del Tribunal de Justicia no son vinculantes, la corte con sede en Luxemburgo las tiene en cuenta en una amplia mayoría de los casos. EFE
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