Una ONG registra 49 muertes, 79 fugas y 17 motines en cárceles de Venezuela durante 2024

Caracas, 21 jul (EFE).- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó 149 muertes -cuatro de ellas de presos políticos-, 79 fugas y 17 motines en cárceles y/o calabozos de Venezuela, según datos documentados en un informe de 2024 presentado este lunes.

En el documento -elaborado a partir de entrevistas, notas de prensa y pronunciamientos oficiales-, se registran 35 heridos en cárceles, en su «mayoría como consecuencia de motines, acciones represivas» y «enfrentamientos entre reclusos», mientras que en los calabozos se reportaron 39 lesionados por la «represión ejercida por funcionarios policiales» y «accidentes relacionados con las condiciones precarias de reclusión».

Asimismo, la ONG registró cinco protestas en cárceles, entre ellas una huelga de hambre nacional de junio de 2024, mientras que en los calabozos hubo ocho manifestaciones «mayormente motivadas» por la demanda de traslado a centros penitenciarios y la disminución del retardo procesal.

El OVP denunció «deplorables condiciones de reclusión» en cárceles al asegurar que «las celdas suelen estar sobrepobladas, sin ventilación adecuada ni acceso constante a luz natural».

Además, alertó sobre el «restringido, irregular e insuficiente» acceso al agua potable para «cubrir las necesidades más básicas de consumo e higiene», mientras que la alimentación es «deficiente en cantidad, calidad y frecuencia».

También documentó «tratos crueles, inhumanos y degradantes» y «formas de tortura» como «golpizas, encierros en celdas de castigo, exposición prolongada al sol», además de «desnudez forzada y aislamiento prolongado».

Por otra parte, señaló que «las medidas de control en las prisiones son deficientes» al reportar el «ingreso de armas, drogas y objetos prohibidos», que, aseguró, «ocurre con frecuencia debido a la complicidad o negligencia de funcionarios del propio sistema penitenciario».

En los calabozos, la ONG registró «hacinamiento», «condiciones de reclusión dantescas y corrupción», así como «la inexistencia de baños», atención y servicios médicos.

«Espacios diseñados para seis personas albergan hasta 20, obligando a los reclusos a turnarse para dormir de pie o en sábanas colgadas», agregó la ONG, que destacó que los calabozos «funcionan como cárceles improvisadas», pese a que, según la ley, están concebidos como centros de reclusión por un «máximo de 48 horas».

En cuanto a las mujeres detenidas, la ONG subrayó que su situación es «alarmante», ya que el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Miranda (norte, cercano a Caracas), es la única cárcel femenina y presenta, según dijo, un «grave nivel de hacinamiento», donde además hay 23 niños en «condiciones inadecuadas, sin garantías mínimas para su desarrollo físico y emocional».

En cuanto a las personas de la comunidad LGTBI detenidas, el OVP denunció que «enfrentan formas diferenciadas de violencia, discriminación y estigmatización sistematizada» en las prisiones venezolanas.

La ONG reportó casos de «violencia sexual, explotación, tratos crueles e inhumanos y aislamiento forzoso como prácticas comunes y toleradas por las autoridades penitenciarias» contra personas LGTBI.

El OVP recomendó al Estado «velar porque la alimentación de las personas privadas de libertad sea suficiente, equilibrada y adecuada, prohibiendo de forma absoluta prácticas que condicionen su acceso al pago o lo utilicen como mecanismo de castigo».

De igual forma, pide «garantizar el acceso efectivo a la salud de las personas privadas de libertad, mediante la prestación oportuna de atención médica, el suministro adecuado de medicamentos y el traslado inmediato en casos de emergencia».

También aconsejó «investigar de forma exhaustiva, oportuna e imparcial y sancionar cuando corresponda las denuncias de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de los hechos de corrupción y desapariciones forzadas de personas detenidas, garantizando el acceso inmediato a la información y el derecho al contacto oportuno con familiares y defensa legal».EFE

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