Urgen Comisión de la Verdad para esclarecer violaciones de DD.HH. en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa, 27 jul (EFE).- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en Honduras urgió este domingo al Ejecutivo a aprobar el decreto que permitiría la creación de una «Comisión de la Verdad» que investigue y esclarezca violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán, una región del Caribe donde unas 200 personas han muerto en el contexto de un conflicto por la tierra.

En un comunicado, el Conadeh indicó que dicha comisión representaría una herramienta clave para promover la verdad, la justicia y la reparación a favor de las víctimas de la violencia agraria en el Bajo Aguán, ubicado en el departamento de Colón.

Sin embargo, la instalación de la instancia sigue pendiente, ya que el decreto fue remitido a la Presidencia de Honduras desde mediados de 2024 y aún no ha sido firmado ni aprobado, añadió.

El organismo señaló que en 2024, junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), instituciones estatales y expertos nacionales e internacionales, se elaboró una propuesta de Decreto Ejecutivo PCM que establece la creación de la Comisión de la Verdad, la cual tendría como principales funciones «investigar las violaciones» a derechos humanos y acelerar el proceso de saneamiento de tierras en la zona.

También expresó su preocupación por la “postura contradictoria” asumida por el Estado frente a la situación en el Aguán, y recordó que, aunque en 2022 las autoridades firmaron un convenio para crear una comisión con enfoque en derechos humanos, en su lugar se implementó una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, de la cual no forman parte las víctimas ni organizaciones nacionales o internacionales defensoras de derechos humanos.

Según el ente de derechos humanos, esta Comisión de Seguridad ha sido responsable de «ordenar desalojos preventivos» en comunidades afectadas, lo que ha agravado «aún más la conflictividad» en la zona.

Datos del Observatorio de la Conflictividad Socio-territorial del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) indican que entre junio de 2023 y julio de 2024 se registraron 36 desalojos ordenados por esa comisión, de los cuales 33 fueron ejecutados y 3 suspendidos.

Desde 2010 hasta la fecha, el Bajo Aguán ha sido escenario del asesinato de unas 200 personas como consecuencia directa del «alto nivel de conflictividad agraria y socio-territorial» que impera en la región, advirtió el Conadeh.

Entre las causas del conflicto, el organismo mencionó la histórica disputa por la tenencia de la tierra, la falta de seguridad jurídica, la limitada capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana, la denunciada presencia del crimen organizado y el control territorial que este ejerce en la zona.

A ello se suman los altos niveles de impunidad y la escasa investigación de los crímenes cometidos contra personas vinculadas directa o indirectamente al conflicto agrario.

Frente a este panorama, el Conadeh exhortó a la Fiscalía a iniciar investigaciones penales para identificar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, con el objetivo de evitar que estos hechos se sumen a la extensa lista de crímenes impunes en el país. EFE

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