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Víctimas de guerra interna en Guatemala acusan a fiscal de protegar militares

Ciudad de Guatemala, 22 nov (EFE).- Una veintena de víctimas del conflicto armado interno en Guatemala manifestó este lunes su repudio a la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, por su supuesta protección a militares retirados y a políticos corruptos.

En el frontispicio del edificio central del Ministerio Público (MP, Fiscalía), los representantes de víctimas y también sobrevivientes de la guerra interna entre el Ejército y las guerrillas, que entre 1960 y 1996 dejó 245.000 muertos o desaparecidos en Guatemala, aseguraron que Porras «desmanteló» la Fiscalía de Derechos Humanos.

Los manifestantes criticaron la remoción de la directora de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, el pasado 11 de octubre, por decisión de Porras.

«La fiscal general removió de manera arbitraria a la licenciada Hilda Pineda como jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, quien promovió la investigación y persecución de casos emblemáticos de justicia transicional», esgrimieron en conjunto en un comunicado que leyeron en el lugar.

«La remoción de Fiscal Pineda es una represalia debido a que en junio de este año, la Fiscalía en mención promovió la captura de 12 exmilitares y policías implicados en el caso del Diario Militar», detallaron.

Dicho caso sindica a militares y policías retirados que presuntamente participaron en la captura, torturas y desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos, entre 1983 y 1985.

La estructura criminal que supuestamente integraron los sindicados, presuntamente cometió esos delitos en contra de personas que estaban fichadas en un documento denominado «Diario Militar» o «Dossier de la Muerte», elaborado durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Las organizaciones sociales que manifestaron su rechazo a la súbita decisión del pasado 11 de octubre, de remover a Pineda de su cargo, anunciaron además que presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, en contra de la decisión de la fiscal general. EFE

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