AI condena la «criminalización» de la sociedad civil en Túnez
Túnez, 25 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) lamentó este martes la «criminalización» de la sociedad civil en Túnez, después de que un tribunal condenara a Mustapha Djemali, presidente del Consejo Tunecino para los Refugiados, y Abderrazek Krimi, exdecano del Colegio de Abogados, tras más de 18 meses de prisión preventiva.
El tiempo transcurrido bajo prisión preventiva supera la permitida por ley, a la espera de juicio, por lo que Djemali y Krimi -reconocidos por AI como defensores de los derechos humanos- fueron liberados, inmediatamente, tras recibir el fallo condenatorio por parte del tribunal.
Djemali, de 81 años, y Krimi, de 61, fueron detenidos hace más de un año y medio y acusados de facilitar la entrada y residencia ilegal de migrantes en Túnez.
«Su liberación es un gran alivio para las familias que celebrarán la reunión con sus seres queridos después de más de 18 meses en detención arbitraria, pero sigue siendo indignante que Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi hayan sido detenidos y ahora condenados por su labor humanitaria para el Consejo Tunecino para los Refugiados», señaló AI en un comunicado.
A su juicio, estos defensores de los derechos humanos y otros trabajadores humanitarios «han sido detenidos arbitrariamente y sometidos a una falsa investigación criminal, simplemente por hacer su trabajo», que la organización calificó como «esencial para ayudar a los refugiados y solicitantes de asilo, en asociación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las autoridades tunecinas».
Agregó que los cargos en su contra, incluida la «formación de una organización» para «ayudar a la entrada clandestina» de migrantes, son «un mal uso de las leyes contra el contrabando para sofocar el espacio cívico».
«Este veredicto envía un mensaje escalofriante a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones que trabajan en Túnez, sugiriendo que corren el riesgo de ser arrestados y encarcelados por cumplir con su mandato», añadió.
Según AI, este es un «claro ejemplo de la represión más amplia de las autoridades tunecinas contra la sociedad civil y los derechos de los refugiados y migrantes, marcados por detenciones arbitrarias, prácticas racialmente discriminatorias y retórica xenófoba».
Ante esta situación, instó al Gobierno a «anular la condena» y «respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión, en lugar de criminalizar a los defensores de los derechos humanos».
Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogó plenos poderes y reformó el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, diversas organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la «represión» a la disidencia en el país magrebí. EFE
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