Alarma en el sistema judicial de Países Bajos por “deterioro” del Estado de derecho
Imane Rachidi
La Haya, 25 feb (EFE).- Jueces, abogados y fiscales neerlandeses denunciaron este martes el crecimiento de críticas políticas a las sentencias judiciales, el acoso a letrados por acciones de sus clientes y las amenazas en redes sociales, y han advertido del “deterioro” del Estado de derecho, y el “desmoronamiento” del equilibrio entre el poder judicial y ejecutivo.
En una carta conjunta publicada en el diario neerlandés De Telegraaf, el fiscal jefe René de Beukelaer; el presidente del Tribunal de Ámsterdam, Bart van Meegen, y la decana del Colegio de Abogados de la capital, Jacqueline Schaap, recordaron que el Estado de derecho “está bajo presión”, cuando este “nos protege, en última instancia, del poder del más fuerte o del más rico”.
“El equilibrio entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial se está desmoronando, lo que dificulta el trabajo de fiscales, jueces y abogados. Los profesionales del derecho están siendo amenazados y las sentencias judiciales son vistas como ‘solo una opinión más’. Todo esto indica que algo no va bien con el Estado de derecho”, agregaron.
Además, alertaron de que “las críticas de los políticos a las sentencias judiciales minan la confianza del público en la independencia” de los jueces.
“Si alguien amenaza a un juez en redes sociales simplemente por hacer su trabajo, no solo daña a ese juez y a su familia, también erosiona la confianza en las instituciones. Esto nos afecta a todos. Si las personas dejan de respetar la ley, si creen que las normas deben aplicarse sólo a los demás, entonces la convivencia se vuelve imposible. En los países que nos rodean, vemos a qué conduce esto: corrupción, discriminación, intimidación”, explican.
Schaap añade en una entrevista posterior que “la amenaza viene de diferentes lados: de políticos, de la prensa o de ciudadanos que expresan sus opiniones”, y esto no se limita a Ámsterdam, sino al resto de Países Bajos. Las sentencias judiciales ya no son algo incuestionable. “La gente ya no acude al juez para saber quién tiene razón, sino para que les digan que tienen razón. Y cuando reciben un fallo en contra, no lo aceptan», lamenta.
Predicadores
Aunque los tres llevaban tiempo preparando la carta, la urgencia de su publicación se produjo la semana pasada: un tribunal anuló la decisión del Gobierno nacional de negar la entrada a Países Bajos a tres predicadores islámicos invitados a dar una charla, porque, señaló la Justicia, “no se justificó suficientemente por qué” estos oradores eran “una amenaza” al orden público.
En reacción al fallo, la ministra de Migración y Asilo, la ultraderechista Marjolein Faber, habló de “un día negro” y prometió hacer “todo lo posible” para evitar su entrada. Geert Wilders, líder de la derecha radical PVV y mayor socio de la coalición de gobierno, añadió: “Jueces desconectados de la realidad pierden por completo su brújula moral y permiten la entrada de predicadores del odio a nuestro país”.
El mismo día, los datos personales del juez y de su pareja fueron compartidos junto a amenazas en redes sociales, lo que llevó al tribunal a presentar una denuncia por intimidación online.
El grupo de profesionales del derecho recordó que buscan un Estado de derecho “estable”, en el que todos los ciudadanos tengan el mismo “acceso a la justicia, se escuche a las víctimas, los acusados sean tratados con justicia y las sentencias judiciales se respeten”.
Además, planean crear un “consejo juvenil” por el que involucrar a los más jóvenes en este diálogo y explicar cómo funciona el sistema legal, pero también “escuchar qué necesitan los jóvenes en términos de justicia, seguridad y libertad”, con el objetivo de “detener el deterioro y fortalecer” el Estado de derecho. Si esto continúa, “el cuerpo de nuestra sociedad colapsará”, por lo que “tenemos una responsabilidad especial en frenar este deterioro”.
«Es la columna vertebral de nuestra sociedad. Sin él, los ciudadanos no pueden convivir adecuadamente. En un Estado de derecho, nadie puede ser arrestado sin razón, la propiedad está protegida y la privacidad es un derecho fundamental. Las personas son libres de pensar y expresar sus opiniones dentro de los límites de la ley y con respeto por los demás”, añadieron, subrayando que las normas son “vinculantes para todos, incluidos los gobernantes”. EFE
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