Amnistía Internacional denuncia límites a asistencia legal a refugiados en Países Bajos
La Haya, 29 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este martes que el Gobierno neerlandés, que incluye en su mayoría a la derecha radical, propuso medidas para restringir la posición procesal y asistencia legal de los solicitantes de asilo como parte de un paquete más amplio destinado a endurecer la política del Asilo en Países Bajos.
En un informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, la ONG señaló que el gobierno neerlandés, que tomó posesión el pasado verano, anunció propuestas que “discriminarían a refugiados y solicitantes de asilo”, como la restricción de la posición procesal, incluyendo “la limitación de la asistencia legal y la eliminación de su derecho a apelar una decisión judicial sobre su solicitud de asilo”.
Asimismo, criticó que en Aruba, parte del Reino de los Países Bajos, los solicitantes de asilo venezolanos, incluidos los niños, “no tenían acceso a procedimientos de asilo justos y efectivos”.
El gobierno neerlandés ha propuesto varias medidas para endurecer el asilo en Países Bajos, según lo establecido en el acuerdo de coalición de 2024. Dos proyectos legislativos fueron presentados por la ministra de Asilo y Migración, la ultraderechista Marjolein Faber, y deben ser debatidos y aprobados por el Parlamento neerlandés.
Plantea restringir el acceso a la asistencia legal financiada por el Estado para solicitantes de asilo con recursos limitados y aquellos que presentan solicitudes repetidas. Además, se busca modificar el principio de dar el beneficio de la duda al solicitante de asilo, lo que podría imponer una carga probatoria más estricta sobre ellos y aumentar el riesgo de rechazos injustificados.
Las propuestas han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten sobre posibles conflictos con el derecho internacional y europeo.
Amnistía también incluye otros puntos críticos en su informe, como la elaboración de perfiles raciales en la aplicación de la ley y la detección de fraude en beneficios sociales, lo que, dice, “siguió siendo un problema estructural y de todo el gobierno”, y la protección contra el “uso de modelos de riesgo discriminatorios en el sistema de beneficios siguió siendo inadecuada”.
A esto se añaden las medidas de «vigilancia ilegal” de protestas pacíficas, puesto que, durante todo el año, la policía empleó “drones y coches de videovigilancia con cámaras avanzadas y tecnología de reconocimiento facial como herramientas de vigilancia contra manifestantes pacíficos, sin una regulación adecuada, garantías o rendición de cuentas”.
Las autoridades respondieron el año pasado a las manifestaciones de los agricultores, los bloqueos de carreteras por parte del grupo climático Extinction Rebellion y las protestas de solidaridad con Palestina, declarando que “no son protestas” y anunciando acciones más firmes y rápidas contra los activistas. El gobierno sugirió explorar restricciones al derecho a la manifestación. EFE
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