Amnistía Internacional exige a Egipto cambiar ley de asociaciones «represiva» para las ONG
El Cairo, 25 nov (EFE).- La ley de asociaciones egipcia del año 2019 impone unas restricciones a las organizaciones independientes que «obstaculizan el derecho a la libertad de asociación y ponen en peligro el futuro del espacio cívico del país», afirmó Amnistía Internacional (AI) este martes.
El documento, basado en 19 entrevistas realizadas a miembros de 12 organizaciones egipcias, se centra en las restricciones «indebidas» y la interferencia de las autoridades «en la labor de las ONG independientes» por medio de dicha ley, que permite «limitar» la libertad de asociación y «someter a un control estatal casi total» a estas entidades.
Además, AI denunció que las ONG necesitan autorización previa para registrarse en el país, lo que «contraviene las normas internacionales y la propia Constitución de Egipto» al impedir que adquieran personalidad jurídica mediante notificación, lo que las expone a «la injerencia, la intimidación y las prácticas coercitivas de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN)», según AI.
Aunque la entidad encargada de aprobar, denegar o retrasar el registro de las ONG es la Unidad de Asociaciones y Trabajo Civil del Ministerio de Solidaridad Social, desde la entidad humanitaria acusaron a la ASN de «injerencia ilegal» en el proceso y de «acosar e intimidar» a los miembros de las organizaciones independientes «mediante llamadas telefónicas, citaciones ilegales e interrogatorios coercitivos».
La directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Sara Hashash, también recordó que el derecho internacional exige que «cualquier restricción impuesta a las ONG debe estar estrictamente definida, ser estrictamente necesaria para alcanzar un objetivo legítimo, ser proporcionada y nunca constituir un instrumento para silenciar a los críticos».
Si bien reconoció algún «paso positivo» en este ámbito, como el cierre el año pasado de un caso iniciado a finales de 2011 que investigaba a varias ONG y su personal por «financiación extranjera», o el levantamiento de las prohibiciones de viajar y la congelación de activos impuestas a dos abogados de derechos humanos implicados en ese mismo caso.
Sin embargo, para Hashash, tras estos hechos «las autoridades no sólo han ignorado los llamamientos para modificar la restrictiva ley de asociaciones, sino que la han utilizado para imponer requisitos reglamentarios onerosos a las ONG, al tiempo que permiten que los organismos de seguridad las sometan a una injerencia intrusiva y a una vigilancia constante».
Sumado a la obligación de registro bajo los términos del Gobierno y a las intimidaciones, AI remarcó los efectos sobre la capacidad de financiación de las ONG que tienen las decisiones arbitrarias en procesos como el registro de las organizaciones, la activación de sus cuentas bancarias o la congelación de sus activos. EFE
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