Arévalo advierte de «serias» amenazas contra defensores de derechos humanos en Guatemala
Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves de que los defensores de derechos humanos afrontan en el país «serias» amenazas de agresión por parte «intereses oscuros» que, incluso, están «incrustados» en las instituciones del Estado.
«Hoy enfrentamos niveles serios de amenazas, agresión y criminalización de personas que promueven el respeto de los derechos humanos frente a actores y redes criminales, a veces incrustados en instituciones del Estado, que se niegan a aceptar que Guatemala está cambiando», dijo el mandatario guatemalteco.
Arévalo hizo la advertencia durante un acto público en el antiguo Palacio de Gobierno, en el que fue presentada la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, en cumplimiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en 2014 por el asesinato del activista Florentín Gudiel Ramos, en 2004.
El mandatario guatemalteco reiteró en su discurso que «es evidente que hay una correlación directa entre el proceso de cooptación institucional y el aumento de la criminalización de personas defensoras de derechos humanos».
«Es un día histórico para Guatemala porque concluye un proceso de diálogo que tiene como principal resultado esta Política», dijo el mandatario, al recordar la falta de acceso a la justicia del caso Gudiel, quien «dedicó su vida al bien común».
Arévalo explicó que este documento busca garantizar una transformación real y duradera del Estado para que casos como el de este activista «no se repitan», porque esas vidas humanas «han sido destruidas por aparatos de seguridad que deberían proteger al pueblo».
En opinión del jefe de Estado, «es urgente» poner a funcionar esta política para sentar las bases de una transformación «irreversible» del Estado ante las amenazas y criminalización que sufren indígenas, estudiantes, académicos, ambientalistas, periodistas, abogados y operadores de justicia independientes.
Arévalo enfatizó que existen «intereses oscuros» que están agazapados en muchos rincones de instituciones públicas y otros sectores y puso como ejemplo el aumento de las agresiones durante 2023, cuando se contabilizaron más de 9.000 ataques, de los cuales cerca de 1.500 fueron dirigidas contra periodistas y comunicadores sociales.
Aseguró que su Gobierno tiene la voluntad política de contener cualquier agresión contra personas defensoras de derechos humanos, pero también de actuar en contra de actores que han capturado a las instituciones de justicia. EFE
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