Así funcionará el levantamiento de inmunidad de Alvise en el Parlamento Europeo
Bruselas, 22 oct (EFE).- El Parlamento Europeo tramitará en las próximas semanas una solicitud del Tribunal Supremo español para retirar la inmunidad parlamentaria al líder del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, un proceso relativamente común en la Eurocámara, que suele prolongarse varios meses y que no afectará en cualquier caso al escaño del eurodiputado.
La inmunidad parlamentaria permite que un eurodiputado sea libre para ejercer su mandato sin ser perseguido políticamente de forma arbitraria, pero no les escuda contra cualquier proceso legal en su contra; sólo lo hace contra aquellas imputaciones por sus opiniones o votos expresadas en el marco de su actividad parlamentaria.
El Tribunal Supremo ha pedido dos suplicatorios en el caso de Pérez: uno por los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, y otro por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña europea con el partido Se Acabó La Fiesta.
El Parlamento Europeo aún no ha confirmado a cuál de estas dos solicitudes se ha referido este miércoles la presidenta en su anuncio al hemiciclo y no está claro por tanto cuál de las dos causas se tramitará primero, ya que al ser dos cargos independientes las peticiones del Supremo se estudian de manera individual.
En un mensaje en su cuenta de Telegram, Alvise aseguró que Europa «ya le absolvió» de «cualquier irregularidad posible», sin explicar a qué se refiere, y consideró que el Supremo le va a juzgar por «algo ya archivado».
Tras el anuncio en pleno de la solicitud del levantamiento de inmunidad por parte de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el trabajo pasa ahora a la comisión de Asuntos Jurídicos, que se encarga del trámite.
Los tiempos a partir de este momento los marca esa comisión de Asuntos Jurídicos, que tiene que recibir la documentación y nombrar un ponente para cada una de las peticiones que emita el Tribunal Supremo.
Por el momento, la Eurocámara sólo ha comenzado a tramitar una, pero podrían acumularse más porque el eurodiputado tiene cuatro causas abiertas ante el alto tribunal y el juez ya ha emitido una segunda solicitud a la que el Parlamento aún no ha dado curso.
El ponente es el encargado de redactar el informe sobre el caso y la recomendación sobre si levantar o no la inmunidad. El único requisito es que no sea de nacionalidad española y que no comparta grupo político con Pérez, quien de hecho no está adscrito aún a ninguna de las formaciones de la Eurocámara.
El proceso entero se lleva a cabo a puerta cerrada en varias audiencias en la comisión de Asuntos Jurídicos, que puede solicitar más información y también da al afectado la opción de comparecer brevemente para exponer su caso y defenderse, acompañado si quiere por un abogado que le asesore.
Una vez el ponente tiene lista su recomendación, ésta se debate entre los diputados de esta comisión y se somete a votación antes de que en última instancia la vote también el pleno del Parlamento Europeo. Se trata en este caso de un voto a mano alzada que se supera con mayoría simple.
El eurodiputado siempre puede recurrir el levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea. No hay tiempos establecidos para una decisión final, que principalmente depende de la frecuencia de reuniones de la comisión de Asuntos Jurídicos, pero es probable que se extienda durante varios meses.
El Parlamento Europeo ha tramitado en los últimos 30 años casi 200 solicitudes de levantamiento de inmunidad por motivos tan variados desde multas de tráfico hasta casos de corrupción.
Entre los más visibles figuran la retirada de la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí por su papel en el proceso independentista catalán, que se alargó mucho más de lo habitual debido a la pandemia, o los casos vinculados al ‘Catargate’.
En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Alvise el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que sólo permite que la justicia le procese por el delito que figure en la solicitud que remitan las autoridades.
Es por eso que la Eurocámara deberá tramitar por separado todos los suplicatorios que le remitan los tribunales españoles y serán éstos quienes decidan si Pérez debe ser inhabilitado. EFE
lzu/ahg/rf
