Bruselas dice que no le compete valorar evaluación ambiental de proyecto eólico en Teruel
Bruselas, 15 abr (EFE).- La Comisión Europea aclaró este miércoles que no le corresponde «entrar en el detalle» sobre si las evaluaciones medioambientales en el clúster eólico del Maestrazgo (Teruel) «se han hecho de forma correcta o no», ya que existen vías administrativas y judiciales a nivel nacional para dirimir si son adecuadas.
Se trata de la respuesta de la Comisión Europea a una queja de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, que denunció ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo incumplimientos de las normas europeas por parte del Gobierno español en la tramitación de proyectos de energías renovables en esta región.
Esta organización pidió hoy al Ejecutivo comunitario que se evaluara cómo procede el Estado español a la hora de aprobar proyectos para la implantación de energías renovables en cuanto a la aplicación de las directivas europeas de protección ambiental.
La plataforma turolense afirma que se han incumplido cuatro directivas europeas: la relativa a la evaluación de repercusiones de proyectos; la de evaluación de repercusiones de determinados planes y programas en el medioambiente; la relativa a la conservación de hábitats naturales de la fauna y flora silvestres; y la que regla la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio.
«Se insta al Parlamento a que haga seguimiento de la denuncia interpuesta por la plataforma a favor de los paisajes de Teruel ante la Comisión para que esta aclare las dudas planteadas anteriormente y lleve a cabo una investigación preliminar y urgente sobre los hechos que se denuncian», dijo el representante de la plataforma, que no reveló su nombre.
A este respecto, la Comisión respondió que «no le corresponde entrar en el detalle sobre si las evaluaciones se han hecho de forma correcta o no, ya que la directiva de evaluación de impacto ambiental garantiza el acceso de los ciudadanos a vías de recurso, tanto por vía administrativa como judicial, para que se puedan contestar la legalidad de los estudios de evaluación de impacto ambiental y asegurarse de que se han cumplido los requisitos».
La Comisión sentenció que las autoridades españolas son en este caso «las principales responsables de la correcta aplicación» de las directivas mencionadas, e invitó a los peticionarios a utilizar «vías de recurso nacionales (…) en caso de que dispongan de pruebas sólidas» que validen los incumplimientos que denunciaron.
El eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez denunció en su intervención «la presunta trama de corrupción» en la evaluación ambiental de este proyecto eólico que «implicaría de forma directa al Ministerio para la Transición Ecológica» durante la etapa como ministra de Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea.
Por su parte, la parlamentaria socialista Sandra Gómez López sostuvo que esta petición plantea «preocupaciones legítimas sobre la evaluación ambiental» pero añadió que la respuesta de la Comisión a los peticionarios «deja poco margen en lo que corresponde a las autoridades nacionales». EFE
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