Chaves comparecerá en comisión legislativa por segundo proceso de desafuero en Costa Rica
San José, 13 nov (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comparecerá el viernes ante una comisión legislativa en el segundo proceso de desafuero que se tramita en su contra, esta vez solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le acusa de beligerancia política.
Según el TSE, en el expediente abierto a Chaves se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y se requiere del levantamiento de su fuero para avanzar en el proceso que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro y hasta la destitución del cargo.
A Chaves se le acusa de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña hacia las elecciones del 1 de febrero de 2026.
La Comisión Legislativa, integrada por el diputado oficialista Daniel Vargas, del Partido Progreso Social Democrático, y las opositoras Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio, escuchará los argumentos del mandatario.
Tras la audiencia, deberá elaborar un informe en el que recomendará si se levanta el fuero de inmunidad al presidente o no para que sea votado por la Asamblea Legislativa, integrada por 57 diputados.
Para que el fuero sea levantado se necesitan dos terceras partes del Legislativo, es decir, 38 de los 57 votos, un número que no se alcanzó en el primer proceso de desafuero que enfrentó Chaves, en septiembre pasado, por un caso presentado por la Fiscalía por presunto manejo irregular de unos fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En la inédita votación por ese caso, 34 diputados se inclinaron por retirarle el fuero contra 21 que se manifestaron en contra, con lo cual, Chaves, quien terminará su mandato de cuatro años el próximo 8 de mayo, mantuvo su inmunidad.
El presidente ha pedido a sus seguidores que se hagan presentes en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa el viernes para «alzar la voz» y «defender la democracia».
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos miembros del gobierno, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido y participar en discusiones o actividades político-electorales.
El TSE defiende que la ley electoral costarricense le permite ordenar la destitución e imponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a esos responsables cuando sus actos contravengan las prohibiciones.
Chaves ha afirmado que el TSE se está atribuyendo potestades que no le competen por la Constitución y que si prospera el desafuero Costa Rica estaría viviendo un «golpe de Estado».
El mandatario también ha acusado a la institución de ponerle una «mordaza» con la prohibición de divulgar logros gubernamentales en redes sociales y medios oficiales durante la campaña.
El Gobierno tiene prohibido, según la ley electoral, difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria relativa a la gestión realizada.
Los roces con el TSE se suman a los que Chaves ha tenido durante su mandato con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa, instituciones a las que suele criticar públicamente e incluso ha tachado de corruptas.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 elecciones para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030. EFE
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