Chile refuerza conservación oceánica con plan de gestión en archipiélago de Juan Fernández

Santiago de Chile, 3 mar (EFE).- Chile dio un paso clave en la conservación oceánica al aprobar el plan de gestión de los parques marinos del archipiélago de Juan Fernández, una red que protege 587.117 kilómetros cuadrados —casi el 16 % de su zona económica exclusiva— y que será administrada bajo un modelo de cogestión que incorpora directamente a la comunidad local en la vigilancia y toma de decisiones.

“Cuando las decisiones las toma la comunidad es mucho más fácil que se cumplan”, afirmó el presidente de Mar de Juan Fernández y del Consejo Local de Gestión de las Áreas Marinas Protegidas de Juan Fernández y Desventuradas, Julio Chamorro Solís, en entrevista con EFE.

“Aquí el mar siempre se manejó de manera local. Lo que hoy existe es el reconocimiento formal de algo que venía madurando hace años”, explicó.

De la protección en papel a la acción en el mar

El archipiélago, ubicado a más de 600 kilómetros del continente, ya contaba con figuras de protección como el Parque Marino Nazca-Desventuradas y el Área de Conservación de Múltiples Usos Mar de Juan Fernández. Sin embargo, la aprobación de los planes de gestión marca el paso decisivo hacia su implementación real, con programas de fiscalización, monitoreo científico y participación ciudadana.

La creación de áreas marinas protegidas surgió como respuesta a la presión de la pesca industrial sobre los montes submarinos, que había disminuido drásticamente algunas especies. Según Chamorro, los estudios de biomasa muestran una recuperación significativa desde la implementación de estas medidas, con la participación activa de pescadores locales en la recopilación de datos científicos desde 2003.

Ese vínculo entre conocimiento local y ciencia formal fue clave para sostener el proceso durante más de diez años.

Gobernanza basada en la colaboración

En diciembre de 2024, se formalizó el Consejo Local de Gestión, instancia que reúne a representantes comunitarios, la Armada de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca, entre otros organismos.

Para la encargada del Departamento de Áreas Protegidas de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, Marisol Romero, el proceso se convirtió en “un laboratorio de gobernanza intersectorial”.

“Sin el trabajo de las comunidades, este proceso no sería legítimo ni validado. El Estado canaliza administrativamente, pero quienes habitan el territorio son los que le dan sentido real a la conservación”, señaló.

Destacó además que la entrada en funcionamiento del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas permitirá centralizar funciones que antes estaban dispersas facilitando la implementación de los planes de manejo y los programas de fiscalización.

El desafío no era solo declarar áreas protegidas, sino evitar lo que en el ámbito internacional se conoce como “paper parks”, espacios protegidos sin manejo efectivo.

“Durante años hubo un boom de grandes áreas marinas protegidas, pero muchas quedaron solo en el papel”, explicó el gerente de proyectos de Oceana-Chile, Ignacio Petit. “Lo que ocurre ahora en Juan Fernández es distinto: existen planes de manejo con objetivos basados en ciencia, programas de vigilancia y una comunidad involucrada”.

Una de las claves del éxito del proceso fue lograr la participación activa de la comunidad. Cerca del 90 % de los residentes locales estuvieron de acuerdo con los planes de gestión, gracias a un equipo integrado por miembros de la isla que explicaron las propuestas puerta a puerta. “No es lo mismo que llegue alguien externo a explicar un plan, a que lo haga un vecino. Ahí se abren las conversaciones”, afirmó.

Vigilancia y corresponsabilidad

Además, el plan contempla un sistema de vigilancia participativa donde la comunidad actúa como observadora y alerta temprana ante posibles infracciones, mientras que la fiscalización formal recae en la Armada y en el Servicio Nacional de Pesca. “Ellos son los ojos en el territorio”, explicó Romero. “La ejecución de la ley corresponde al Estado, pero la corresponsabilidad fortalece el cumplimiento”.

Más allá de la regulación, el archipiélago está diversificando su economía hacia actividades como el turismo de naturaleza y la pesca recreativa, reduciendo la presión sobre las especies y reforzando el vínculo entre la conservación y el sustento local.

Julio Chamorro concluyó: “Hoy no sólo estamos protegiendo el mar, estamos asegurando nuestra forma de vida”. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Pew Trusts para la difusión de este contenido.