CIJ se pronuncia sobre las consecuencias legales de las prácticas israelíes en Palestina

Imane Rachidi

La Haya, 18 jul (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia mañana viernes sobre las consecuencias legales de las prácticas y políticas que aplica Israel en los territorios ocupados de Palestina, y emitirá una opinión legal no vinculante a petición de la Asamblea General de la ONU, en plena tragedia humanitaria en la Franja de Gaza.

El máximo órgano judicial de Naciones Unidas tiene convocada una audiencia pública a las 15.00 hora neerlandesa (13.00 GMT) para contestar, como opinión consultiva, a las preguntas formuladas por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2022 sobre los efectos legales del comportamiento de la ocupación israelí en los territorios palestinos.

«¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas?”, preguntó la Asamblea.

Además, cuestionó: ¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas (…) al estatus legal de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que surgen para todos los Estados y las Naciones Unidas de este estatus?».

El panel de jueces de la CIJ deberá tener en cuenta para ello las normas y principios del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, y la opinión consultiva de la CIJ en 2004 sobre la legalidad del muro de separación.

La CIJ consideró en 2004 que la construcción del muro y su régimen asociado eran “contrarios” al derecho internacional y “obstaculizan la libertad de circulación de los habitantes del territorio (…), así como el ejercicio de su derecho al trabajo, salud, educación y nivel de vida adecuado”.

Las audiencias

El tribunal escuchó el pasado febrero argumentos de 52 países, incluidos Palestina, España, Bolivia, Chile, Colombia y Estados Unidos, además de tres organizaciones internacionales: la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica.

Esas audiencias fueron una oda a una solución negociada de dos Estados, Israel y Palestina, y un grito desesperado por el fin de la ocupación “ilegal” israelí de los territorios palestinos, en un caso que fue escenario inevitable de denuncias de la tragedia humanitaria en Gaza, y de condena al trato de las autoridades israelíes a los palestinos.

Los términos que más sonaron fueron “ilegal” para describir los asentamientos y la ocupación israelí; “derecho legítimo” para definir la libre determinación del pueblo palestino; y “solución negociada de dos Estados” como única vía para el fin del sufrimiento de los civiles palestinos, incluida la guerra en curso, que se ha cobrado la vida de unos 39.000 palestinos y 1.200 israelíes.

El representante de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, lloró al hablar de “humillación” a manos de Israel, y apeló a la CIJ a guiar al mundo “hacia un futuro en el que los niños palestinos sean tratados como niños, no como amenaza demográfica, y en el que ningún palestino o israelí sea asesinado”.

España denunció un “sistema de fragmentación jurisdiccional en el contexto de una estructura de discriminación institucionalizada” y enumeró violaciones del derecho internacional de las fuerzas israelíes, como la detención de niños o los asentamientos.

Israel no participó, pero sí lo hicieron sus aliados. Estados Unidos pidió al tribunal no emitir “una opinión que exija una retirada unilateral, inmediata e incondicional de Israel que no tenga en cuenta las necesidades legítimas de seguridad de Israel”.

Francia pidió “un reinicio decisivo y creíble del proceso de paz” y aseguró que cuanto “más aumenten los ataques a la integridad” de Palestina, “más se alejará la perspectiva” de la solución.

China defendió el “uso de la fuerza” como “derecho inalienable” del pueblo palestino para “resistir a la opresión” israelí e instó a las partes a “acomodar las preocupaciones legítimas del otro”.

Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino.

Los palestinos defienden su derecho a la libre determinación, independencia y el retorno de sus refugiados, mientras crecen los asentamientos judíos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional, y acompañados de acoso, agresiones y desplazamiento de los habitantes palestinos, muchas veces con la connivencia de las fuerzas israelíes. EFE

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