CK Hutchison activa arbitraje contra Panamá tras anulación de su concesión en el canal

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La filial de la compañía hongkonesa CK Hutchison anunció el martes un arbitraje internacional contra Panamá, al alegar que sufrió «graves daños» tras la decisión de la justicia de ese país de anular la concesión que le permitía operar dos puertos en el canal interoceánico.

En un dictamen rechazado por China pero aplaudido por Washington, la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano le invalidó el contrato a la firma el jueves pasado.

En los meses previos, el presidente Donald Trump había amenazado con recuperar esa estratégica vía construida por Estados Unidos, diciendo que está «bajo control» de Pekín, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

El alto tribunal declaró «inconstitucionales» las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), sucursal de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, como parte de un contrato renovado en 2021 por 25 años.

PPC anunció en un comunicado este martes que «comenzó el arbitraje contra Panamá» en virtud «del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional», organismo con sede en París.

En la nota, en la que no se especifica el monto de dinero solicitado, la compañía acusa a Panamá de causarle «graves daños» tras «una campaña del Estado» en su contra, que culminó con la anulación de la concesión para operar los muelles a ambas entradas del canal.

Sin embargo, según el fallo unánime de la Corte panameña y al que tuvo acceso la AFP, la concesión tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» sin «justificación alguna» y en «perjuicio de las arcas del Estado».

Además, la renovación del contrato se realizó de manera automática sin «refrendo» de la Contraloría y sin la «renegociación» de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario, agrega la sentencia, de 69 páginas.

Tras la decisión judicial, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

– «Derechos legítimos» –

Pekín fustigó el miércoles la decisión judicial e insistió en que tomará medidas para «proteger los derechos legítimos y legales» de sus empresas.

«Las palabras y acciones de Estados Unidos nuevamente exponen su mentalidad de Guerra Fría y su sesgo ideológico», declaró en rueda de prensa Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Igualmente, acusó a Washington de «intentar monopolizar el canal y socavar el derecho internacional».

El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación en las terminales panameñas a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares.

La operación fue vista entonces con buenos ojos por Washington, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses globales y pidió a las partes actuar con «cautela» so pena de consecuencias legales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que Estados Unidos se sentía «alentado» por la decisión judicial.

La anulación del contrato fue solicitada en dos demandas presentadas el año pasado por la Contraloría por considerar que la concesión era «inconstitucional» y Hutchison supuestamente no había pagado a Panamá 1.200 millones de dólares por sus operaciones. 

Estados Unidos construyó el canal y lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales. 

Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

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