Comienza una multitudinaria audiencia pública por reforma de ley argentina de glaciares
Buenos Aires, 25 mar (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina inició este miércoles la primera jornada de audiencias públicas por el proyecto -aprobado por el Senado en febrero- que modifica la ley de glaciares, en la que se espera que participen cerca de 100 mil personas entre expertos, ambientalistas y ciudadanos de a pie.
Las audiencias públicas, una instancia que permite a la ciudadanía participar en las decisiones que toman los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin ser vinculantes, dieron inicio con una jornada presencial en la que expondrán 200 oradores, mientras que otros 200 lo harán el jueves en modalidad virtual.
El resto deberá hacerlo mediante el envío de un escrito o un video, un sistema mixto impulsado por La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei.
El objetivo de las audiencias públicas es promover que la toma de decisiones sea transparente y pueda conocerse la opinión de los ciudadanos y los expertos, más allá de los políticos, y se convoca, según un decreto aprobado en 2003, a petición de los legisladores o instituciones.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales, como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace, reclamaron a la Justifica una medida cautelar urgente para que se garantice la intervención oral, presencial o virtual, de todas las personas inscritas en la audiencia pública.
Las organizaciones advirtieron que acotar la audiencia a dos jornadas limitará la participación directa a una porción mínima de los inscritos, lo que “desnaturaliza el mecanismo de audiencia pública y vacía de contenido el proceso participativo”.
En este sentido, un grupo de diputados peronistas (oposición) presentó este miércoles una impugnación formal contra la audiencia pública por considerar que no cumple con requisitos básicos de participación ciudadana.
El polémico proyecto de reforma de la ley de glaciares, que fue aprobado el 26 de febrero en el Senado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden llevar a cabo actividades mineras, entre otras cuestiones. EFE
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