Comisión parlamentaria recomienda la destitución permanente del fiscal general de Honduras
Tegucigalpa, 25 mar (EFE).- Una comisión especial de nueve diputados del Parlamento de Honduras recomendó este miércoles la «destitución permanente» del fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras concluir que «violó la Constitución» al intentar interferir en el proceso electoral de noviembre de 2025.
«La principal recomendación que esta comisión hace al pleno de diputados es que se vote definitivamente por una destitución permanente del fiscal general», dijo el presidente de la comisión especial, el diputado oficialista Mario Pérez, tras entregar el informe al secretario del Parlamento, Carlos Ledezma.
Para que la destitución sea efectiva, el dictamen de la comisión debe ser ratificado por el pleno del Parlamento mediante una mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados.
El Parlamento citó a Zelaya para que comparezca este jueves a las 08:00 hora local (14:00 GMT) para que pueda ejercer su derecho a la defensa antes de la votación final.
Zelaya, quien el lunes fue suspendido temporalmente por el Parlamento para abrirle un juicio político, compareció el martes ante el grupo de nueve diputados en un interrogatorio de casi cinco horas.
«El fiscal general de la República violó la constitución cuando, con las actuaciones del Ministerio Público (Fiscalía), se trató de impedir el normal desempeño del calendario electoral, esa es como la actuación más grave», explicó Pérez.
El diputado oficialista indicó que ahora corresponde al Parlamento hondureño decidir el futuro de Zelaya, quien en noviembre de 2023 fue elegido de manera interina por una comisión permanente del Legislativo, integrada por nueve de los 128 diputados.
Una denuncia presentada el lunes contra el fiscal general ante el Parlamento señala a Zelaya de «actuaciones contrarias a la Constitución de la República» y «negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral».
Esos presuntos delitos, según la denuncia, «han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y autonomía de los órganos electorales y la democracia como forma de gobierno».
La denuncia precisa, entre otras cosas, que en el desempeño de su cargo y en especial durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección superior del fiscal general de la República, desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).EFE
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