Comité de Víctimas denuncia incumplimiento de orden de libertad de salvadoreño detenido

San Salvador, 14 ago (EFE).- El Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa denunció este lunes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el incumplimiento de las autoridades de Seguridad de una orden judicial de liberación de un detenido en El Salvador en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Miembros del Comité, acompañados por representantes de la organización humanitaria Cristosal, señalaron que «un miembro de la comunidad que obtuvo una orden de liberación inmediata en junio, sin embargo, las autoridades penitenciarias no han cumplido con esta medida y aún no lo han puesto en libertad».

«El Comité pide a la PDDH agilizar la respuesta a este caso, así como otras 42 denuncias que han presentado por personas afectadas por el régimen de excepción del Bajo Lempa», indicaron.

Relataron que esta persona «fue arrestada inicialmente en abril de 2022», en septiembre recibió la libertad condicional y en noviembre «fue arrestado por segunda vez» cuando salía de prisión.

«El Tribunal encargado del proceso de la recaptura se declaró incompetente para tratar la nueva acusación contra este miembro» dado que «ya estaba siendo juzgado por el mismo delito en otro Tribunal Contra el Crimen Organizado», señaló el Comité y agregó que el juez del caso «ordenó su inmediata libertad».

Esta persona, de acuerdo con la fuente, estaría detenida en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad construida para albergar a 40.000 supuestos pandilleros.

El Comité advirtió que en el contexto del régimen de excepción, aprobado en el Congreso para combatir a las pandillas tras una escalda de asesinatos en marzo de 2022, «las recapturas en la salida de los centros penales se han convertido en una práctica constante».

«A pesar de las órdenes de liberación, los agentes policiales vuelven a detener a individuos que han obtenido su libertad. En muchas ocasiones, se les arresta por el mismo delito, y en otros casos, se les imputan cargos adicionales, infringiendo la prohibición de doble juzgamiento», denunció.

Según información oficial, son más de 72.000 personas detenidas bajo esta medida, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 «víctimas directas» de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. EFE

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