Congreso de Costa Rica tramitará segunda solicitud de desafuero presidencial
San José, 22 oct (EFE).- La Asamblea Legislativa de Costa Rica tramitará la segunda solicitud de desafuero contra el presidente del país Rodrigo Chaves, esta vez a petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le señala de beligerancia política.
El Legislativo conformó este miércoles la comisión de tres diputados que se encargará de analizar la solicitud del TSE y que en un plazo de al menos 20 días deberá rendir un informe al Plenario para que vote si levanta o no el fuero al mandatario.
La comisión legislativa, que podrá llamar a audiencia a las partes, quedó integrada por el diputado del oficialista Partido Progreso Social Democrático, Daniel Vargas; y las legisladoras opositoras Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio.
El pasado 7 de octubre, el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa tramitar el levantamiento del fuero al presidente por aparentemente haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales a lo largo de los últimos meses, mientras el país se encamina a las elecciones del 1 de febrero de 2026.
Chaves, quien terminará su mandato de 4 años el próximo 8 de mayo, ya superó en septiembre pasado un primer proceso de desafuero en el Congreso solicitado por la Fiscalía General por un caso de presunto manejo irregular de fondos.
En la inédita votación por ese caso, 34 diputados se inclinaron por retirarle el fuero contra 21 que se manifestaron en contra, con lo cual no se alcanzaron los 38 votos (mayoría calificada) que se requerían para aprobar el desafuero.
El caso de beligerancia política
Según el TSE, en el expediente se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y que por el cargo que ostenta es necesario que la Asamblea Legislativa tramite el levantamiento de su inmunidad para avanzar en el proceso, que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro y hasta la destitución del cargo.
En abril pasado el TSE amonestó al presidente Chaves por presuntos actos de beligerancia política que atentan contra el principio constitucional de imparcialidad de las autoridades gubernamentales en procesos de elección popular.
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
El TSE defiende que la ley electoral costarricense le permite ordenar la destitución e imponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios cuando sus actos contravengan las prohibiciones en medio de actos proselitistas de campaña.
La Casa Presidencial y Chaves afirman que el TSE se está atribuyendo potestades que no le competen en la Constitución al solicitar el desafuero del mandatario para una eventual destitución.
Chaves ha dicho que si prospera el desafuero en su contra, Costa Rica estaría viviendo un «golpe de Estado», ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados del TSE y ha acusado a la institución de ponerle una «mordaza» con la prohibición de divulgar logros gubernamentales en redes sociales y medios oficiales durante la campaña.
El Gobierno tiene prohibido, según la ley electoral, difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria relativa a la gestión realizada.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 las elecciones para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, proceso en el que se han inscrito 20 candidatos presidenciales. EFE
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