Constitucional boliviano dicta el fin de labores de magistrados que prorrogaron su mandato
La Paz, 25 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional del Bolivia (TCP) ordenó este martes el cese de la prórroga de mandato de cinco magistrados de esa corte y de dos altos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que debieron concluir sus funciones a finales de 2023, pero que en medio de objeciones y polémicas se mantuvieron hasta ahora en sus puestos.
El TCP emitió un comunicado en el que señala la «finalización de la prórroga» de los magistrados que «continuaron en sus funciones después del cumplimiento de su mandato de seis años», algo que deberá ejecutarse en los siguientes diez días hábiles.
La medida se aplica a los magistrados del TCP: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Cornejo Gallardo y Karen Gallardo Sejas, y los jueces del TSJ Ricardo Torres Echalar y Carlos Eguíz Añez, en el marco de la emisión de un auto constitucional.
La decisión también establece que en los siguientes diez días los magistrados cesados deberán hacer el «despacho de causas pendientes de resolución» que tengan vencimiento en el plazo establecido.
Además, el auto constitucional ordena «mantener firmes y vigentes» todas las acciones que realizaron los mencionados «magistrados prorrogados» mientras estuvieron en funciones, como muestra de «legalidad y seguridad jurídica».
En la comunicación, el TCP denuncia que «varios actores políticos» durante los últimos años buscaron «someter la Justicia» y al mencionado tribunal a «intereses personales de poder», aunque no dio nombres de los políticos aludidos.
A finales de 2023, los magistrados del TCP que fueron elegidos por voto popular en 2017 ampliaron su mandato y el de los jueces de otros altos tribunales bajo el argumento de impedir un «vacío de poder» hasta que se realicen las elecciones judiciales que debían hacerse ese año, pero que tropezaron con problemas en el Legislativo.
La decisión causó el reclamo de la oposición de entonces y de los sectores afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019) que acusaron al Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025) de estar detrás de esa prórroga de mandato.
Las elecciones judiciales finalmente se efectuaron en Bolivia en diciembre de 2024, un año después de lo previsto por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso, pero de forma parcial ya que solo se eligieron 19 jueces de los 26 previstos.
Por un fallo constitucional, las elecciones de 2024 se realizaron íntegramente solo en cuatro regiones, mientras que en las otras cinco no se pudo elegir a los jueces del TCP y en dos tampoco a los magistrados del TSJ, por lo que quedaron en sus cargos siete jueces con mandato prorrogado.
Los magistrados del Constitucional que decidieron la prórroga emitieron a principios de este año un nuevo fallo que amplió aun más sus funciones y las de los que permanecieron en el TSJ hasta que se completen las elecciones judiciales, lo que todavía no ocurrió.
En octubre pasado, el nuevo presidente del TSJ, Rómer Sucedo, denunció penalmente a los magistrados del TCP y el TSJ que aún permanecían en sus cargos por los presuntos delitos de «resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y usurpación de funciones».
El cese del cargo de los magistrados que ampliaron su mandato ocurre tras más de dos semanas de la investidura del presidente Rodrigo Paz y después de la reunión entre el nuevo Ejecutivo y distintos actores de la Justicia que acordaron una serie de medidas para reformar el sistema judicial. EFE
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