Decenas de detenidos e intervención en prisiones al comenzar estado de emergencia en Perú
Lima, 22 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Perú detuvieron a decenas de personas acusadas de pertenecer a bandas criminales e intervinieron en dos prisiones altamente hacinadas como parte de las primeras medidas del estado de emergencia decretado durante 30 días por el gobierno de transición para enfrentar a la criminalidad en Lima y la provincia vecina del Callao.
Durante la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio de un plan denominado ‘Destello’, que incluye la entrada en operaciones de unidades especiales en «una nueva ofensiva contra la delincuencia», según señaló.
Entre los primeros operativos, se informó de una intervención para desarticular una banda dedicada al robo agravado y el tráfico ilícito de drogas.
En esta operación, los agentes detuvieron a 24 personas, 21 de ellas extranjeras, que no han sido identificadas.
La PNP informó, además, de la detención de una banda dedicada a la comercialización de drogas en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de la capital peruana, y de un operativo de control en los distritos de Chaclacayo y Chosica, que incluyó intervenciones a conductores para detectar armas, drogas y otros objetos ilegales.
Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que también se realizaron requisas simultáneas en las prisiones de Lurigancho y Ancón, donde se han «encontrado diversos elementos prohibidos, como armas blancas, celulares, un dispositivo de comunicación por satélite y libretas de apuntes».
Martínez confirmó que se ha decidido restringir las visitas a las prisiones, que ahora serán solo cada quince días, además de haberse ordenado un «apagón electrónico» en las cárceles, lo que supone que solo van a tener energía eléctrica para la iluminación.
Durante la mañana de este miércoles, el presidente de transición, José Jerí, supervisó el comando avanzado instalado por las fuerzas de seguridad en el distrito de San Juan de Lurigancho, a donde llegó acompañado por los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Defensa, César Díaz, entre otras autoridades.
El decreto emitido por el Gobierno señala que mientras dure el estado de emergencia también se prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta.
Además, se han suspendido derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, mientras que las Fuerzas Armadas dan apoyo a la PNP en el combate al crimen organizado.
Un estado de emergencia «con nuevo enfoque»
Este estado de emergencia, que ha sido ordenado en los últimos años en varias regiones del país, se ha decretado después de que en Lima se realizaran paros de transportistas y movilizaciones de protesta contra el Ejecutivo y el Congreso para exigir medidas efectivas en la lucha contra el incremento del crimen organizado.
Este problema fue uno de los principales motivos que llevaron a la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) de la jefatura de Estado el pasado 9 octubre por el pleno del Congreso.
Precisamente, al confirmar el inicio de la nueva medida, Jerí señaló que su gobierno ha decidido «cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú» y que este estado de emergencia «presenta un nuevo enfoque», al pasar «de la ofensiva a la ofensiva» en la lucha contra la criminalidad.
«Las guerras se ganan con acciones, no con palabras», remarcó. EFE
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