Defensoría colombiana urge investigar presuntos nexos de guerrilleros y entes de seguridad
Bogotá, 25 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Colombia urgió este martes a la Fiscalía y al Ministerio Público a investigar los presuntos nexos entre altos funcionarios de organismos de seguridad y miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) y cuestionó los diálogos de paz del Gobierno con esa disidencia de las FARC ante el aumento de sus hombres en varias regiones del país.
La entidad expresó en un comunicado su «profunda preocupación» frente a una investigación periodística de Noticias Caracol que el domingo reveló presuntas infiltraciones del EMBF en el Ejército y en el servicio de inteligencia colombianos, acusaciones negadas por los implicados y por el propio presidente, Gustavo Petro, quien atribuyó los «errores» del medio a fuentes de la CIA.
«Es urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad», pidió la Defensoría.
Al respecto, agregó que, de ser ciertas, las informaciones reveladas «indicarían no solo un plan distinto de parte del grupo armado» que hoy negocia la paz con el Ejecutivo, sino también «cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz».
Noticias Caracol obtuvo comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros en las que supuestamente se menciona a un general del Ejército para hacer negocios, identificado en la investigación como Juan Miguel Huertas, y a un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) cercano a Petro, de nombre Wilmar Mejía.
Dos imágenes contrapuestas
La Defensoría recordó que en los diálogos de paz del Gobierno con grupos armados el presidente Petro tiene «amplias facultades», entre ellas la de suspender órdenes de captura contra criminales que son también negociadores.
Pero la entidad afirmó que la suspensión de las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros de sus compañeros en julio de 2024 «generó dudas» porque «se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad».
El organismo también subrayó que Colombia hoy enfrenta «dos imágenes contrapuestas» del proceso de paz con el EMBF: «la que muestra las decisiones formales de la mesa de diálogo y la que revela la realidad en los territorios».
«En la realidad, observamos el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme, continúa el reclutamiento -e incluso su justificación-, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente», señaló.
A esto, añadió la Defensoría, se suman declaraciones públicas del propio comandante del grupo armado «que ponen en duda su voluntad de transitar hacia la paz».
Ante este escenario, Petro, quien en su juventud integró la desmovilizada guerrilla del M-19, «debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados», afirmó el organismo. EFE
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