Defensora colombiana pide anular designación de exjefes paramilitares como gestores de paz
Bogotá, 24 nov (EFE).- La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, demandó ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, la resolución a través de la cual el presidente colombiano, Gustavo Petro, designó a 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz.
Según Marín, el documento con el que el Gobierno le dio luz verde a los ‘exparas’ para ser gestores de paz tiene vacíos y carece de controles y participación de las víctimas, entre otros asuntos.
La querella pretende que el Consejo de Estado «se sirva declarar la nulidad de la Resolución 327 de 21 de septiembre de 2025, expedida por el Presidente de la República por la cual se designan Gestores de Paz a unos ex miembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-«, reza el documento de 56 páginas publicado este lunes.
Entre los designados por el jefe de Estado están algunos de los más sanguinarios mandos acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad, decisión que en ese momento causó gran controversia en el país.
De esa lista hacen parte, entre otros, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar, Diego Fernando Murillo, Carlos Mario Jiménez y Hernán Giraldo Serna, este último considerado el mayor violador de mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
«En el presente caso, la necesidad de la suspensión provisional que se solicita radica en los graves efectos que en el plano político y social genera la vigencia y aplicación de la resolución demandada, en cuanto concede el estatus de gestores de paz», señaló la Defensoría.
La demanda recalca que la decisión del presidente Petro al designar a esos exjefes de las AUC como gestores de paz altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que «mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos».
En noviembre de 2024, dos meses después de haber asumido el cargo, Marín había cuestionado a Petro por nombrar como gestores de paz a esos exjefes paramilitares y aseguró que «ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz».
En esa ocasión, Marín también señaló que, aunque «parece positivo» que los exparamilitares «contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad», la decisión del Gobierno dejaba dudas.
Ahora, el Consejo de Estado deberá determinar si acepta esta demanda de la Defensoría contra la resolución para eventualmente estudiarla de fondo. EFE
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