El exvicepresidente correísta Glas, trasladado a la cárcel emblema de Noboa en Ecuador
(Actualiza con declaraciones de la abogada de Jorge Glas, Sonia Vera)
Quito, 10 nov (EFE).- El exvicepresidente correísta Jorge Glas figura entre los primeros 300 presos trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, construida a iniciativa del presidente Daniel Noboa con el objetivo de que sea el emblema de su política de seguridad contra líderes del crimen organizado, a similitud del modelo carcelario puesto en marcha por Nayib Bukele en El Salvador contra los pandilleros.
«Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales», escribió Noboa en redes sociales junto a unas fotografías de un desaliñado Glas al llegar a las instalaciones de la denominada Cárcel del Encuentro y dentro de su nueva celda, con la vestimenta naranja que el Gobierno impone a los presos de sus cárceles.
Glas, que se encontraba recluido en La Roca, la cárcel hasta el momento de mayor seguridad del país, fue trasladado pese a las últimas medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que requirió al Estado ecuatoriano que garantice su salud física y mental, con el fin de «asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida».
El exvicepresidente, sobre el que pesan tres condenas por delitos de corrupción, fue recapturado el año pasado en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito después de que el Gobierno mexicano lo considerara un perseguido político ante los procesos judiciales que acumula en la Justicia ecuatoriana.
Antes de su detención dentro de la embajada mexicana, el que fuera una figura clave en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) tenía pendiente de terminar de cumplir una una pena de ocho años por dos condenas de corrupción.
El pasado mes de junio, Glas fue nuevamente condenado a 13 años de prisión por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
«Humillación institucional», señala abogada
Tras conocer el traslado de Glas a esta cárcel, la abogada del exvicepresidente, Sonia Vera, denunció que Glas ha sido víctima de un «acto de desacato (hacia las medidas dictadas por la Corte IDH) y humillación institucional».
«La publicación de imágenes del beneficiario en reclusión, acompañadas de expresiones de burla y escarnio, constituye una violación directa a la orden vinculante de la Corte IDH que prohíbe toda forma de exposición o trato incompatible con la dignidad humana, e impone al Estado el deber reforzado de protección y respeto», manifestó Vera.
La abogada señaló que «el anuncio público de un traslado penitenciario sin notificación a su defensa, sin informe médico y sin la intervención de la mesa técnica ordenada por el sistema interamericano configura una transgresión grave y dolosa de la Convención Americana».
«Lo ocurrido no es un exceso comunicacional: es un acto de Estado que desacata una decisión jurisdiccional internacional, compromete la responsabilidad internacional del Ecuador, y pone en riesgo real, actual y grave la vida e integridad del beneficiario», agregó.
Asimismo, remarcó que «la utilización del sistema carcelario como herramienta de propaganda constituye un uso político del dolor humano y una manifestación de tortura psicológica institucionalizada, proscrita de forma absoluta por el derecho internacional de los derechos humanos».
La ‘Cárcel del Encuentro’
La nueva prisión, denominada por el Gobierno como la ‘Cárcel del Encuentro’, en referencia al lema usado por la administración del conservador expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), al que reemplazó Noboa, empezó a construirse en junio de 2024 con un presupuesto de 52 millones de dólares, pero aún no se había inaugurado.
La cárcel se alzó con el objetivo de ser una respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.
El traslado se produjo apenas un día después de la matanza de 31 reclusos en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú; una masacre que el Gobierno atribuye a estos traslados carcelarios que, según el ministro del Interior, John Reimberg, los reclusos querían evitar. EFE
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