El hombre que denuncia la explotación de los «invisibles» en Italia
En Italia, es la voz de los trabajadores agrícolas, a menudo indocumentados explotados. El sindicalista Aboubakar Soumahoro reclama medidas urgentes para estos «invisibles» que el coronavirus ha hundido más, si cabe, en la precariedad.
El 16 de junio, durante los «estados generales» de la economía organizados por el gobierno para preparar un plan de reactivación pospandemia, Aboubakar Soumahoro se encandenó ante el suntuoso palacio romano del siglo XVII donde se realizaba el evento.
Quería hacer oír la voz de los precarios y reclamar una reforma de la cadena de suministro agrícola, un «plan nacional de urgencia para el trabajo» y una reforma de la legislación sobre inmigración.
«Queremos que el gobierno apruebe una ‘licencia alimentaria'», explica Soumahoro, encargado del sector agrícola del USB, uno de los principales sindicatos del país, independiente.
Dicha «licencia» obligaría a incluir una mención en los embalajes indicando que los alimentos han sido producidos sin explotar a los trabajadores.
«Su aprobación permitiría saber a los consumidores lo que comen y a los agricultores que no están de manos atadas por la gran distribución» que «impone precios que no les permite vivir decentemente de su trabajo», dice el activista italiano, nacido en Costa de Marfil hace 40 años.
Centenares de miles de trabajadores agrícolas extranjeros están expuestos en Italia a la explotación, según los sindicatos.
Una parte de ellos están sometidos al «caporalato», una forma moderna de esclavitud donde los intermediarios, a menudo relacionados con el crimen organizado, se llevan una gran parte de los magros salarios que perciben.
Llegado a Italia hace 20 años, donde empezó trabajando en la recolección de tomates bajo el sol abrasador de Apulia (sur), Aboubakar Soumahoro es hoy una voz de izquierda y una de las escasas voces negras de la política italiana.
– «Neoesclavitud» –
El sindicalista, un asiduo de la televisión y muy activo en las redes sociales, prefiere hablar, más que de su trayectoria atípica, del infierno en el que viven los migrantes que trabajan en el campo en la recolección de frutas y verduras.
«No soy nadie, solo alguien que participa en la lucha colectiva donde queremos creer que los sueños pueden hacerse realidad», responde, antes de agregar que ha vivido «las mismas frustraciones, las mismas humillaciones, las mismas preocupaciones que muchos jóvenes italianos».
Critica la última regularización de los indocumentados por el gobierno, destinada a paliar la falta de mano de obra agrícola por la pandemia del coronavirus, para que los extranjeros cuyos permisos expiraron a partir del 31 de octubre de 2019 puedan solicitar entre el 1 de junio y el 15 de agosto, un permiso de residencia de seis meses.
A mediados de junio, habían llegado al ministerio del Interior 32.000 solicitudes.
«Teniendo en cuenta que en Italia unas 600.000 personas no tienen papeles, se puede decir que estamos ante un fracaso, que no funciona», dice Soumahoro.
Según él, los empleadores que deberían hacer la gestión, mediante el pago de 500 euros (560 dólares), no tienen intención de hacerlo «porque no solo es demasiado caro, sino que hay miles de trabajadores excluidos porque su permiso de trabajo ha vencido antes» del 31 de octubre.
«Pedimos una regularización de un mínimo de un año porque en un periodo dramático como el que vivimos, no se puede encontrar trabajo en seis meses», sostiene, antes de denunciar que «se utiliza el argumento del color de la piel y la procedencia geográfica para reducir a las personas a la condición de neoesclavitud».
«Nuestro combate también afecta a los italianos que trabajan, a los miserables que viven en condiciones lamentables».
El sindicalista exhorta al ejecutivo a que derogue las leyes sobre seguridad que promovió en 2018 y 2019 el antiguo ministro del Interior Matteo Salvini, líder de la Liga (extrema derecha).
Estos textos eliminaron el permiso de residencia por razones humanitarias, los fondos para la repatriación de migrantes en situación irregular y las restricciones en materia de salvamento en el mar.
El gobierno de coalición integrado por el Movimiento Cinco Estrellas (antisistema) y el Partido Demócrata (izquierda), en el poder desde septiembre, no lo ha cambiado. «Nos ha dicho que quiere reformar estas leyes, pero nosotros queremos que las elimine», zanja Soumahoro.