El poder de grupos criminales en cárceles alimenta la violencia en Ecuador, según informe

Guayaquil (Ecuador), 2 feb (EFE).- El poder que los grupos criminales han adquirido en las cárceles alimenta la violencia en Ecuador pues las prisiones se han convertido en espacios desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales, por lo que se requiere una reforma estructural del sistema penitenciario para que una política de seguridad sea efectiva, advierte un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

En el documento, denominado ‘Captura carcelaria. Gobernanza criminal en el sistema penitenciario del Ecuador’, la organización analiza cómo este poder dentro de las cárceles «no surgió de la noche a la mañana», sino que se desarrolló por años junto con las deficiencias estructurales de la administración penitenciaria, el hacinamiento crónico, la falta de financiación y la progresiva retirada del control estatal efectivo.

«A medida que el sistema se expandió rápidamente, las cárceles se convirtieron en nodos centrales de economías criminales más amplias, permitiendo a los líderes encarcelados mantener la autoridad, coordinar actividades ilícitas y ejercer el poder tanto dentro como fuera de las prisiones», señala la Iniciativa.

La violencia intramuros motivada por las disputas de poder entre bandas o la sucesión de liderazgos, que entre 2018 y 2024 dejó 717 reos asesinados, trascendió a las calles, lo que ha generado una crisis sin precedentes, al registrar un récord de 9.216 homicidios solo en 2025.

Las cárceles como «negocio»

El informe señala que la gobernanza criminal y el aumento de la violencia en Ecuador se sostienen por el poder y financiamiento que los grupos criminales han adquirido dentro de las cárceles, facilitados por la falta de control estatal o la asignación de pabellones según el tipo de pandilla, entre otras.

«La economía criminal atraviesa todos los ámbitos de la vida en la cárcel», dice el documento, pues se debe pagar dinero desde el momento del ingreso, especialmente si se quiere ir a pabellones «menos violentos». Las tarifas rondan los 1.500 dólares.

Posteriormente, los presos que lideran los pabellones cobran entre 200 y 300 dólares por cada espacio de cama en la celda, además de 10 dólares semanales por concepto de ocupación y aproximadamente 13 dólares adicionales por limpieza.

El acceso a alimentos, pese a ser un derecho garantizado, está regulado por los grupos criminales y también se paga por atención sanitaria y acceso a medicinas, apunta el informe.

Agrega que, antes de las masacres carcelarias, las familias pagaban alrededor de 150 dólares por protección. Sin embargo, las tasas aumentaron a 400 dólares y, en 2025, alcanzaron un máximo de 1.500 en las prisiones de Guayaquil.

Nada de esto -indica la investigación- sería posible sin la complicidad de guías penitenciarios, policías, militares y hasta directores de cárceles, «que participan por interés propio, coerción o amenazas».

La organización señala que la militarización, impuesta en algunas prisiones desde que en 2024 el presidente Daniel Noboa declaró un «conflicto armado interno» para combatir a los grupos delictivos, «no ha logrado los objetivos de disminuir el poder de las estructuras criminales». EFE

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