El Supremo prohíbe campamentos bolsonaristas ante sedes de los tres poderes y cuarteles

Brasilia, 26 jul (EFE).- Un juez de la Corte Suprema de Brasil prohibió este sábado campamentos en defensa del expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, delante de las sedes de los tres poderes, ministerios o cuarteles de las Fuerzas Armadas, en Brasilia.

El magistrado Alexandre de Moraes tomó esa determinación después de que diputados bolsonaristas acamparan frente al Supremo para protestar contra las medidas cautelares impuestas al exmandatario por supuestamente intentar obstruir su juicio por intento de golpe de Estado.

Desde el pasado 18 de julio, el líder ultraderechista usa tobillera electrónica, está obligado a pasar las noches y los fines de semana en casa y tiene prohibido usar las redes sociales, hablar con otros investigados y acercarse a embajadas.

En este contexto, el diputado Hélio Lopes, quien suele acompañar a Bolsonaro en sus actos públicos, montó una tienda de campaña frente al Supremo y se puso un esparadrapo en la boca mientras cargaba una Biblia.

«Mientras callen a Bolsonaro, censuren al pueblo y se burlen de nuestra fe, yo resistiré, aunque sea en silencio», declaró el parlamentario en sus redes sociales.

También se unieron a esa manifestación otros diputados de la base radical que apoya al ex jefe de Estado (2019-2022), entre ellos João Chrisóstomo, más conocido como ‘Coronel Chrisóstomo’.

Pero De Moraes ordenó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, acabar con la acampada, so pena de detener a los participantes, pues a su juicio podrían estar cometiendo una «práctica criminal».

Los manifestantes optaron por salir de la llamada Plaza de los Tres Poderes y trasladarse a un punto de la Explanada de los Ministerios, donde se encuentran otros organismos oficiales.

Sin embargo, De Moraes dictó un nuevo fallo en la madrugada del sábado en la que prohibió «cualquier campamento en un radio de 1 km de la Plaza de los Tres Poderes, la Explanada de los Ministerios y, obviamente, frente a los cuarteles de las Fuerzas Armadas».

El juez decidió en ese sentido para «garantizar la seguridad pública» y «evitar nuevos actos criminales similares a los hechos golpistas ocurridos el 8 de enero de 2023».

Ese día, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia en busca de una intervención militar para derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido una semana antes.

La Fiscalía sitúa ese episodio como el colofón de una trama golpista que actuó por medios violentos para anular las elecciones de 2022, que ganó Lula, y mantener en el poder a Bolsonaro.

El expresidente brasileño es acusado de «liderar» el complot y se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión.

También está siendo investigado junto a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por «instigar» al Gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones a los jueces del Supremo brasileño y al propio Brasil para intentar anular el juicio por golpismo. EFE

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